ANALISIS

El regreso de la pena de muerte federal en EE.UU

Amy Goodman 

El 25 de julio, en un inesperado anuncio, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, afirmó que el gobierno federal iba a reanudar las ejecuciones, con cinco de ellas programadas para los próximos meses. Esto anula una moratoria efectiva sobre la pena de muerte a nivel federal que ha durado más de 16 años. El fiscal general Barr dijo en su anuncio: “El castigo debe ser rápido”. Apenas una semana después, el presidente Donald Trump aprovechó los asesinatos en masa en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, para exigir no una prohibición de las armas de asalto, sino más ejecuciones: “Hoy también voy a ordenarle al Departamento de Justicia que proponga legislación que asegure que aquellos que cometan crímenes de odio y asesinatos en masa enfrenten la pena de muerte, y que este castigo sea aplicado de forma rápida, decisiva y sin años de retraso innecesario”. ¿Retraso innecesario? Desde 1973, más de 160 personas injustamente condenadas han sido liberadas del pabellón de la muerte.

De hecho, la pena de muerte está perdiendo popularidad en Estados Unidos a pasos agigantados. Veintiún estados y el Distrito de Columbia han prohibido las ejecuciones, mientras que otros cuatro estados tienen moratorias formales. En todo el mundo, 106 países han prohibido la pena de muerte y otros 28 tienen moratorias o no llevan a cabo las ejecuciones. El mandato de Trump para reinstaurar la pena de muerte es un trágico retroceso.

La hermana Helen Prejean, una reconocida activista contra la pena de muerte, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “No me sorprende lo que hizo William Barr ni que el gobierno de Trump quiera acelerar las ejecuciones federales. Es la única forma que tienen de abordar las cosas: el camino de la violencia para tratar de resolver los problemas sociales. La pena de muerte a nivel de la administración Federal no va a brindar más justicia igualitaria ante la ley que las penas de muerte a nivel de los estados. El país se inclina por eliminar la pena de muerte, primero en la práctica y, gradualmente, estado por estado, derogándola. La forma en que la pena de muerte ha funcionado siempre a nivel federal dependió del criterio de cada fiscal. Entonces hemos visto que en Manhattan, en Nueva York, los fiscales federales nunca optaron por la pena de muerte, mientras que en Texas siempre lo han hecho. Y esto no será diferente”. Helen Prejean es la monja católica que alcanzó la fama mundial en 1995 cuando su libro Dead Man Walking (publicado en español con el título: Pena de Muerte) fue adaptado en una película ganadora del Oscar protagonizada por Susan Sarandon y Sean Penn.

En su nueva autobiografía, River of Fire (Río de fuego, en español), la hermana Prejean describe elocuentemente el camino que la llevó de ser una joven monja prácticamente enclaustrada en Nueva Orleans en la década de 1960 a convertirse en una de las activistas más reconocidas y eficientes del mundo contra la pena de muerte. En el nuevo libro, Prejean escribe: “Luego de años de hablar con gente de todos los estados de esta nación, me di cuenta de que la mayoría de las personas nunca han reflexionado profundamente sobre la pena de muerte y que casi no tienen información sobre cómo funciona…o sobre cómo no funciona”.

La hermana Prejean es cofundadora de Survive, una organización que trabaja con familias de víctimas de asesinato. Bud Welch perdió a su hija Julie en el atentado de Oklahoma City en 1995, que tuvo un saldo de 168 víctimas fatales. Tiempo después, Timothy McVeigh fue ejecutado por el crimen. Bud Welch expresó en Democracy Now!: “Uno realmente no puede atravesar el proceso de sanación cuando vive con venganza. Y eso es todo lo que representa la pena de muerte, venganza. No es un elemento disuasorio. No es, como dicen los medios, un cierre para los familiares”.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte presenta estadísticas claras y convincentes sobre las 2.500 personas que se encuentran actualmente bajo esta condena en Estados Unidos. Los principales factores que determinan si una persona recibe o no condena a pena de muerte son el lugar donde es juzgada, su nivel de pobreza y la raza de la víctima. Por ejemplo, más de la mitad de las condenas a muerte se dictan en solo el 2% de los condados estadounidenses. Del mismo modo, más del 75% de los casos involucran asesinatos donde la víctima era blanca. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, “en Louisiana, las probabilidades de una sentencia de muerte eran 97% más altas para aquellos cuya víctima era blanca que para aquellos cuya víctima era negra. Los miembros del jurado en el estado de Washington tienen tres veces más probabilidades de recomendar una sentencia de muerte para un acusado negro que para un acusado blanco ante un caso similar”.

La pena de muerte no solo se administra de manera injusta y sesgada, sino que también es irreversible. La muerte es definitiva. Clifford Williams Jr. y Charles Ray Finch se convirtieron en los presos 165 y 166 del pabellón de la muerte en ser exonerados. Cada uno de estos hombres afroestadounidenses inocentes pasó más de 40 años condenado a muerte. Con el cronograma de ejecución acelerada al que aspiran Trump y Barr, hubieran muerto hace mucho tiempo.

Helen Prejean afirmó sobre la decisión de Trump y Barr: “Ellos tampoco parecen comprender cómo funcionan los tribunales. Pueden afirmar todo lo que quieran que van a acelerar el proceso y acelerar estas ejecuciones, pero existen la Constitución y el sistema de apelaciones”. Si bien su enfoque sigue siendo la organización de base, también señala la importancia de los comprometidos abogados defensores en los casos de pena de muerte.

Uno de esos abogados es Bryan Stevenson, fundador de la organización Equal Justice Initiative en Montgomery, Alabama. El Museo del Legado y el memorial en conmemoración de los linchamientos que la organización inauguró el año pasado son profundamente conmovedores; documentan 400 años de historia de los afroestadounidenses, comenzando con la esclavitud, pasando por la era de Jim Crow y llegando hasta la crisis actual de encarcelamiento masivo.

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