ANALISIS

Sanciones administrativas en el sector bursátil

Principales faltas en la ejecución del programa de cumplimiento para la prevención de lavado de activos.

Por: Felix Paredes* 

El no cumplimiento de las leyes a nivel general siempre trae consigo un régimen de consecuencias que pueden ser tanto penales como civiles o administrativas. En el caso de la Ley 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no es la excepción, debido a que el incumplimiento de sus disposiciones por parte de los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, enmarcan una serie de sanciones administrativas que, conforme a la clasificación del cuerpo jurídico, pueden ser muy graves, graves o leves.

Para el caso de los sujetos obligados financieros, dentro de los cuales se engloba todo el sector bursátil, a saber: los puestos de bolsa e intermediarios de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades titularizadoras, emisores de valores de oferta pública, entre otros, la ley prevé que tanto la entidad como sus funcionarios y empleados, son pasibles de sanciones administrativas por el incumplimiento a las disposiciones contenidas en el cuerpo normativo, conforme la siguiente escala: infracciones muy graves de (RD$5,000,001.00) a (RD$10,000,000.00), infracciones graves de (RD$2,500.001,00) a (RD$5,000,000.00), y para la infracciones leves de (RD$1,000,000.00) a (RD$2,500,000.00).

En sentido de lo anterior, y como se ha podido observar, el no cumplimiento en lo que respecta al marco de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados resulta ser bastante costoso, por lo cual el compromiso de acatar las disposiciones de la ley es aún mayor. No obstante, pese a los esfuerzos que realizan las entidades para cumplir con la ley, lo cierto es, que actualmente a lo interno de las entidades se cometen una serie de faltas en la ejecución de sus políticas y procedimientos, las cuales son descubiertas por los entes supervisores a través de las diferentes auditorias tanto extra situ como in situ y, por consiguiente, resultan con imposiciones de sanciones que deben ser pagadas.

Para el caso del sector bursátil, mediante una revisión realizada recientemente a las publicaciones oficiales de las sanciones administrativas emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores a sus sujetos obligados correspondiente al periodo 2017-2018, se han podido identificar las principales faltas que han estado cometiendo las entidades del mercado de valores hasta la fecha 26 de julio del 2019, de dicha revisión documental los resultados obtenidos fueron los siguientes:

El mayor porcentaje de faltas, (23%) para ser exactos, ha resultado en debilidades en los procesos de debida diligencia de clientes por no completar adecuadamente los formularios conozca al cliente o el informe de perfil del inversionista. Asimismo, resulta que un 15% de las faltas se relacionan a que los expedientes no contienen los documentos que sustenten la procedencia legal de los fondos. Mientras que un 12% está relacionado a que no se elaboran las matrices de riesgos de los clientes, las cuales permiten identificar si el cliente es de riesgo bajo, medio o alto.

En el mismo orden de ideas, se pudo observar que un 8% de las faltas se relacionan a debilidades en los programas de capacitación continua en materia de prevención de lavado de activos. Así como también, un 8% de los errores han resultado en una indebida ejecución de los procesos de debida diligencia de empleados, lo cual son responsabilidades que han quedado claramente marcadas en la ley y sus normativas sectoriales. El resto de las faltas se relacionan a errores en debida diligencia de personas expuestas políticamente, identificación de beneficiario final, incumplimiento en la no remisión de información requerida por el ente regulador, no aplicación de procedimientos de debida diligencia ampliada, no declaración y remisión de reporte de operaciones sospechosas, no elaboración del programa anual de prevención de lavado y finalmente pero no menos importante incumplimiento en las funciones del oficial de cumplimiento.

Finalmente, cabe resaltar que, a pesar de que dichas faltas fueron cometidas a partir de la puesta en vigencia de la Ley 155-17 contra el lavado de activos, el ente regulador no consideró las cifras enunciadas en el cuerpo legislativo conforme se ha señalado en párrafos anteriores para estos tipos de incumplimiento. No obstante, el interés no es subrayar en que están fallando los Sujetos Obligados del sector Bursátil, sino más bien, en reconocer cuales son las oportunidades de mejoras para todos tanto financieros como no financieros, a fin de que cada día se puedan fortalecer sus procedimientos y evitar errores que les pueden costar bastante caro a sus negocios.

*El autor es especialista en AML FIBA-FIU AMLCA

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