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CODAIT califica de inaceptable organismos nieguen la información pública

Una auditoría al Portal Único de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP), que administra la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), arrojó que seis de los organismos más importantes del Estado tienen entre 20 y 79 solicitudes de información en proceso y cuya fecha de compromiso demuestra que los plazos se vencieron y en consecuencia no se entregaron los datos requeridos a los ciudadanos.

De acuerdo con el presidente del Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia (CODAIT), Rafael Menoscal Reynoso, las instituciones que violan la ley 200-04 son la Junta Central Electoral, con 79 solicitudes no entregadas; el Ministerio de Obras Públicas, con 33; la Cámara de Diputados, con 32; el Senado de la Republica y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo con 25 y 24, respectivamente, mientras que el Ministerio de Educación unas 20 solicitudes sin darles respuestas.

El periodista y escritor cuestionó que a 15 años de la aprobación de la Ley de Libre Acceso a la Información Publica aún existan funcionarios en instituciones del Estado que se nieguen a su cumplimiento.

Explicó además que hay otros organismos con menos de cinco solicitudes de información que no fueron entregadas, pero por la cantidad de casos pendientes que muestran las referidas entidades, lo que representan cada una de ellas y el presupuesto que manejan, le sorprende que la DIGEIG, como órgano supervisor del cumplimiento de la normativa, no haya aplicado ningún tipo de sanción a sus titulares y mantenga la información en secreto.

Menoscal Reynoso consideró que así como la DIGEIG da a conocer las instituciones que alcanzan una elevada puntuación en el cumplimiento de la ley de transparencia, de igual manera debe sancionar públicamente a los organismos que la violan.

“Por ello la necesidad de la creación de un órgano rector independiente del gobierno central, con las competencias necesarias y la calidad para hacer respetar el derecho ciudadano al acceso a la información pública, como herramienta institucional que vele por una política de transparencia en el manejo de los recursos públicos”, aseveró.

Saludó a los organismos que cumplen con la norma y motivó a las demás para que sigan el ejemplo de la Contraloría General de la República, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) y el Ministerio de la Presidencia, quienes no presentan en el SAIP ningún caso en proceso y fueron reconocidas en el último consejo de gobierno por sus buenas practicas.

“La ley es buena, pero no ha llenado su cometido, creo que los funcionarios del gobierno que no la aplican correctamente no se han adecuado a ella, y mientras eso no ocurra vamos a seguir pasando por estos desórdenes”, aseguró.

De acuerdo con el principal directivo del CODAIT, República Dominicana se encuentra en un momento donde sus instituciones tienen que ser cada vez más sólidas para poder lograr los objetivos esperados y que a medida que la población exige sus derechos, en esa misma proporción se contribuye al fortalecimiento institucional del país.

Advirtió que el acceso a la información pública también es un derecho fundamental porque está consagrado en el artículo 49 de la Constitución.

El presidente del CODAIT informó que el estudio se hizo tomando como referencia los últimos 12 meses del 30 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.

 

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