¿Hacia dónde empuja la daga de la justicia?

La República Dominicana vive momentos difíciles, pero interesantes.

El precedente creado con el apresamiento preventivo de connotados dirigentes políticos y uno de los empresarios más influyentes del país, así como el ascendente Movimiento Verde que ha revolucionado el nivel de protestas en territorio dominicano, envía una señal que todos debemos asimilar.

El tener en una celda a uno de los dirigentes más destacados del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Montás, quien al momento de su apresamiento ocupaba el cargo de Ministro de Industria, Comercio y Apymes; al presidente del principal partido de oposición, Andrés Bautista, junto a otros dirigentes de esa organización; así como al empresario con mayor influencia en los últimos mandatarios dominicanos, debe llamar a la reflexión de toda la dirigencia política nacional y al propio sector empresarial.

Todos los analistas y expertos coinciden en que este acontecimiento es resultado de la gran presión social ejercida por la denominada Marcha Verde, en contra de la impunidad y la corrupción, y nosotros agregamos, que también por el carácter internacional del caso, su repercusión en la economía de diversas naciones y cómo ha afectado intereses de los Estados Unidos.

La culpabilidad o no de los imputados deberá estilarse en los tribunales, y cada uno tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia de los cargos que se les atribuyen. Mientras el Ministerio Público está en el deber de presentar las pruebas que justifiquen los apresamientos y llevarlos a juicio de fondo.

Los rumores sobre quién o quienes estarían detrás de todo el proceso van y vienen, en tanto el Procurador General, al fungir como Ministro de Justicia, en un país como el nuestro, responde al Poder Ejecutivo, quien lo designa.

El principal mensaje de este caso debe estar dirigido a los dirigentes políticos que ocupan o aspiran a ocupar cargos públicos, a fin de que sepan administrar bien no solo los recursos ajenos que manejan, sino también reducir los niveles de ostentación frente a una ciudadanía que se cree representada en ellos, sobre todo, ante ciudadanos que, por más que ahorren, sus salarios nunca les permitirían adquirir el nivel de vida decente que merece todo ser humano de la Tierra.