Brasil el mayor productor de armas menos letales en Latinoamérica

Brasil considerado como uno de los mayores fabricantes y proveedor de armamentos en Latinoamérica, revela un estudio sobre armas menos letales (AML) elaborado por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec).

En Latinoamérica existen instituciones dedicadas a garantizar la seguridad ciudadana a nivel nacional y local que utilizan armas menos letales para el control de protestas, manifestaciones y disturbios en una variedad de circunstancias. Asimismo, tanto empresas que ofrecen servicios de seguridad como ciudadanos han recurrido al uso de dispositivos.

Ante su extenso uso, “subsiste un vacío conceptual en la región sobre qué constituye un arma menos letal, qué riesgos se asocian a su utilización, qué entrenamiento es suficiente para garantizar su correcto uso y cómo debe regularse su comercialización”, afirma Unlirec.

A nivel operativo, la utilización de AML está considerada para distintos niveles del uso de la fuerza. Mientras algunas policías de la región contemplan su empleo como última instancia antes de recurrir a un arma de fuego, en otros casos su empleo ha estado asociado a etapas intermedias de aplicación de la fuerza, como instrumentos disuasivos.

En la región, las AML han sido objetos de críticas por parte de organizaciones y de la sociedad civil, tanto locales como internacionales. Estas críticas se agrupan en dos tipos de consideraciones. “La primera se asocia al daño que las AML pueden generar sobre la salud física y psicológica de las personas en condiciones de uso normal; el segundo tipo de observaciones está relacionado con el uso excesivo y abusivo que integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad puedan hacer de las AML”, señala el estudio publicado por Unlirec.

Compradores 
Más de 450 empresas en más de 52 países del mundo fabrican sistemas de AML, dice Unlirec.

Brasil, exportador de armas por excelencia y con fabricación tanto pública como privada, posee la Industria de Material Bélico de Brasil (IMBEL), que es una empresa pública de derecho privado dedicada a la producción de materiales de uso militar y civil.  

La empresa privada brasileña Condor Tecnologias Ñao Letal ha surtido al Gobierno de Venezuela con bombas de gases lacrimógenos desde 2012, por las que ha recibido más de 293 billones de dólares. Venezuela es su cuarto cliente más importantes, y Condor asegura que como empresa con más de “32 años fabricando exclusivamente tecnologías no letales… comercializa sus productos no sólo en Brasil, sino para más de 50 países de todo el mundo”, y que “mantiene con Caracas dos contratos en vigor”.

“Condor está rigurosamente dentro de las leyes brasileñas, y hasta el momento no hemos sido comunicados sobre la suspensión de exportación de materiales no letales para Venezuela”, explicó el coordinador de prensa de la compañía Condor, Marco Senna.

Semanas atrás el presidente de Brasil, Michel Temer, ordenó la suspensión del envío de una compra realizada por el Gobierno de Nicolás Maduro de más de 77.860 bombas lacrimógenas, sencillas y de carga triple, a la empresa Condor.

Un sargento de la GNB, que quiso mantener su anonimato, expresó que “el equipo encargado de dispersar protestas actualmente no posee el entrenamiento necesario (que es más de ocho meses) para actuar ante los casos de disturbios, como lo ha venido haciendo” y “que en los casos puntuales de incidentes se logra ver la inexperiencia de los efectivos”.

“Al no tener tampoco un suministro de equipos no letales como gases lacrimógenos, spray de pimienta y balas de goma, no quedará alternativa a las fuerzas de seguridad locales y nacionales poner el uso de armas letales”, añadió el GNB.

En 2016, Omega Research Foundation resaltó que en América del Sur existen “numerosos casos de tortura y otros malos tratos contra manifestantes pacíficos y personas detenidas. La mayoría de los equipos utilizados para perpetrar estas violaciones a los derechos humanos son elementos comunes en las Policías de la región”, incluyendo armas de impacto cinético (como los bastones de mano y lanzadores de proyectiles), químicos irritantes (como el gas lacrimógeno), granadas de aturdimiento, y armas de electrochoque.

La evidencia es consistente en mostrar que, en el marco de política pública, la supervisión por parte de mandos medios y los protocolos operativos impactan sobre el uso de la fuerza y de dispositivos menos letales.

Chile es otro de los grandes productores en Latinoamérica, pero la producción es básicamente estatal, mayormente rifles, morteros y granadas de mano, se dirigen a EEUU, Canadá y Cabo Verde.