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Valdez Albizu advierte sobre el bitcoin y otros activos virtuales

La Junta Monetaria, en su sesión del jueves 22 de los corrientes, instruyó al Banco Central, entre otras medidas, a publicar un aviso advirtiendo sobre los riegos asociados al uso de activos virtuales como medio de inversión o de pago en la República Dominicana.

El Gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Lic. Héctor Valdez Albizu, advirtió que “los activos virtuales como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, entre otros, no cuentan con el respaldo del Banco Central y, por lo tanto, no gozan de la protección legal que otorga el marco jurídico de la República Dominicana”.

Valdez Albizu hizo esa afirmación en su discurso de inauguración del foro “Modernas amenazas a la seguridad: ciberseguridad, comercio ilícito y falsificación de medicamentos, organizado por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BRITCHAM).

Estos activos virtuales reflejados en muchos medios de comunicación no pueden ser considerados como divisas extranjeras bajo el régimen cambiario, “puesto que no son emitidos ni se encuentran bajo el control de ningún otro Banco Central extranjero, razón por la cual no reciben las garantías ni seguridad que ofrece la intermediación cambiaria ni la libre convertibilidad consagradas en los artículos 28 y 29 de la Ley Monetaria y Financiera”, indicó Valdez Albizu.

Aprovechó para dar la primicia de que la Junta Monetaria, en su sesión del jueves 22 de los corrientes, instruyó al Banco Central, entre otras medidas, a publicar y dar difusión por todos los medios, a un aviso advirtiendo a los agentes económicos, al público en general y a las entidades financieras, sobre los riegos asociados al uso de activos virtuales como medio de inversión o de pago en la República Dominicana.

El Peso Dominicano es la unidad monetaria nacional

Hablando ante Su Excelencia Chris Campbell, Honorable Embajador de Su Majestad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y José A. Rodríguez, presidente de la Britcham, el gobernador Valdez Albizu recordó que la Constitución de la República Dominicana, en sus artículos 228 hasta el 230, consagra al Peso Dominicano como la unidad monetaria nacional.

Señaló que, asimismo, designa al Banco Central como único emisor de los billetes y monedas en circulación, y establece la fuerza liberatoria del Peso Dominicano, atribuyéndole plenos efectos liberatorios para todas las obligaciones públicas y privadas en todo el territorio nacional, como también se establece en el artículo 24 de la Ley Monetaria y Financiera N° 183-02 del 21 de noviembre de 2002.

En tal virtud, Valdez Albizu apuntó que “los activos virtuales mencionados no son una moneda de curso legal y, por sí mismos, no poseen fuerza liberatoria, por lo que no puede ser garantizado su uso como medio de pago en nuestra economía, ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como medio de pago de bienes o servicios prestados”.

Con esta aclaración, el Gobernador del BCRD trata de que se disipen y eviten las confusiones entre los usuarios del sistema financiero y la ciudadanía en general, sobre cualquier operación que se pretenda realizar utilizando este esquema.

En el Foro Empresarial organizado por la Britcham también estuvieron presentes el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL, José del Castillo Saviñón, el director general de Aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, y la directora de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios del ministerio de Salud Pública, Karina Mena.

Política Nacional de Seguridad Cibernética

El Banco Central ha estado colaborando con el INDOTEL en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Cibernética, que trazará las pautas generales y posteriores planes de acción de cara a la prevención puntual frente a las amenazas internas y externas. “Se está trabajando en la definición de reglas muy claras en materia de ciber-seguridad financiera, en la forma de un Reglamento, que estará en vigencia antes de que finalice el año”, anunció Valdez Albizu.

Destacó que el Banco Central y las entidades que conforman el sistema financiero nacional, vienen cumpliendo con las normas internacionales en materia de protección frente a ciber-ataques, y se mantienen constantemente vigilantes y actualizados para proteger los datos y la información sensitiva que custodian.

Durante su discurso, el Gobernador de BCRD indicó que le parece importante que los gobiernos a nivel global participen activamente en el fortalecimiento de los esfuerzos para enfrentar el ciber-delito y para educar a las empresas y ciudadanos en esta materia. “Y debe ser un proceso colaborativo público-privado para que sea inclusivo y efectivo”, consideró.

En el foro, se expusieron los temas Ciberseguridad: amenazas claves a la estabilidad financiera; Comercio ilícito de productos: impacto en la economía dominicana; y Falsificación de medicamentos: amenazas a la salud y la economía.

Palabras del  Gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Lic. Héctor Valdez Albizu, en la apertura del primer Foro Empresarial sobre las amenazas que afectan actualmente la seguridad financiera y la reputación y marca de las empresas en nuestro país.

 Tema: Seguridad Financiera y Ciberseguridad: Amenaza a la seguridad económica”

 

Señoras y señores:

Permítanme ante todo saludarles cordialmente en nombre de las autoridades del Banco Central de la República Dominicana y en el mío propio.

Quisiera comenzar estas breves palabras agradeciendo a su Excelencia el Honorable Embajador Chris Campbell y a la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana por la invitación que nos hicieran para participar en este evento tan importante para nuestro país. Pienso, que esta iniciativa será una referencia importante de lo que debe ser la colaboración público-privada en estos temas de Ciberseguridad.

Permítanme, antes de entrar en materia, comentarles que  a comienzos de este año, el Banco Central de la República Dominicana, en su rol de regulador del sistema financiero y el sistema de pagos, organizó un primer seminario sobre comercio electrónico, tema que por cierto, no es habitual en el día a día de nosotros los economistas. Durante el evento, expertos internacionales compartieron su experiencia sobre los retos y las soluciones al comercio electrónico en la República Dominicana, desde la perspectiva de las transacciones monetarias que involucran, dado el impacto que pudieran tener en la economía.

Este seminario que les comento, reunió a más de 700 representantes del sistema financiero y de empresas privadas interesadas en incursionar en los negocios digitales, precisamente uno de los temas de estos tiempos: todo lo relacionado con el ciber-espacio.

Como es del conocimiento de todos ustedes, los bancos no escapan a esta tendencia, pues desde el Internet  se ofrecen servicios y productos financieros de última generación, como el Internet Banking, la Banca Móvil, los pagos móviles y muchos más. Se está produciendo una migración de los servicios financieros del formato físico al digital, a medida que la generación de los “millennials” aumenta su participación en el mercado productivo.

No obstante, ese avance de la revolución digital y la tecnología en los servicios financieros, trae consigo un incremento en la amenaza de los delitos cibernéticos, lo que ha obligado a repensar las estrategias de seguridad de las entidades financieras y de sus entes reguladores. Así como tenemos guardianes que custodian las oficinas bancarias, ha sido necesario poner “guardias virtuales” con nombres como encriptación, “firewalls” o cortafuegos, claves de seguridad, pin, token, certificados digitales y programas de detección de intrusiones en los sistemas y redes, entre otros.

En otras palabras, mis amigos, los bancos y empresas vigilan permanentemente todos los puntos de entrada a sus datos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si un sistema de un banco es vulnerado por un hacker…? La respuesta es que se podría perder mucho dinero y tiempo mitigando el daño, y peor aún, la reputación  se vería seriamente dañada, pudiendo al mismo tiempo afectar su desempeño, el de sus clientes e incluso, a la economía nacional.

Para darles una idea, solamente el año pasado, se dieron a conocer 22 casos de entidades financieras en el mundo que sufrieron ciber-ataques serios. Entre ellos, el caso más comentado fue el del Banco Central de Bangladesh,  donde un grupo de sofisticados “hackers” se infiltró en las redes del banco, y con programas espías lograron obtener las claves de los técnicos que manejaban el sistema Swift para pagos internacionales. Con esas claves, lograron desviar más de 80 millones de dólares desde la cuenta que el Banco Central de Bangladesh tenía en la Reserva Federal de Nueva York. Su intención era sustraer 951 millones de dólares, pero afortunadamente las demás transferencias pudieron ser bloqueadas a tiempo.

Precisamente el día de ayer, se conoció de un nuevo ciberataque a empresas y bancos a nivel global, el Petya, similar al Wannacry que fue lanzado en mayo pasado: secuestra los archivos de un computador y pide un rescate en Bitcoins por devolver a la empresa el acceso a los mismos. Todavía hoy sigue expandiéndose en todo el mundo.

Estos casos que he citado ocurren a nivel de entidades, pero también el ciber-delito se hace presente cuando se trata de las operaciones particulares de una persona: tarjetas clonadas, suplantación de personalidad para pedir préstamos a su nombre, obtención de passwords y claves usando correos engañosos, intercepción de correos de empresas para obtener datos de sus pedidos y formas de pago y usarlos fraudulentamente, por ejemplo.

En lo que respecta a las autoridades monetarias, el reto es, en estos temas, mantener un marco legal adecuado para propiciar el desarrollo de nuevos servicios y productos financieros digitales, garantizando la seguridad cibernética, pero al mismo tiempo la competencia y la eficiencia del sistema financiero.

Las implicaciones de esto para la economía en su conjunto  se reflejan en que al contar con sistemas y plataformas financieras en tiempo real, seguras y eficientes, las transacciones económicas fluyen con rapidez y certeza, y la política monetaria posee un vehículo de transmisión altamente efectivo, sobre todo para la economía dominicana que ha tenido un crecimiento robusto en los últimos años.

Por todo ello, distinguidos amigos, es obvio que la inversión de las entidades del mercado financiero en ciber-seguridad es indispensable para su permanencia y competitividad. Como dijo la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, en una reciente intervención pública: “A la vez que fomentamos la innovación, debemos asegurarnos también de que las nuevas tecnologías no se conviertan en herramientas para el fraude, el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como que no puedan desequilibrar la estabilidad financiera. Aunque las revoluciones tecnológicas son imprevisibles, podemos adoptar una serie de medidas para estar preparados.”

En efecto, el Banco Central de la República Dominicana y las entidades que conforman el sistema financiero nacional, venimos cumpliendo con las normas internacionales en materia de protección frente a ciber-ataques, y nos mantenemos constantemente vigilantes y actualizados para proteger los datos y la información sensitiva que custodiamos.

Como una muestra, me permito compartirles que el Banco Central ha estado colaborando con el  Indotel, en los aspectos que nos competen, en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Cibernética, que trazará las pautas generales para este tema y permitirá elaborar puntuales planes de acción.  En lo que respecta al sistema financiero en particular, les adelanto que, siguiendo las pautas trazadas hasta el momento, se está trabajando en la definición de reglas muy claras en materia de ciber-seguridad financiera, en la forma de un Reglamento, que estará listo antes de que finalice el año.

Pero es indispensable también, tomar medidas legales contundentes frente a los ciber-criminales que rondan nuestras entidades y sistemas financieros, pues ello aumentaría la confianza del público en estos servicios, que, a corto plazo, son una solución para la inclusión financiera y para el crecimiento económico equitativo de los distintos sectores de la sociedad. Este tipo de delincuente debe ser tratado con la severidad que el caso amerita, independientemente de que actúe motivado por razones financieras, ideológicas o por diversión.

Precisa destacar que, recientemente, se han visto en el país esquemas fraudulentos tipo pirámide, que han llegado incluso a motivar a potenciales clientes para que inviertan en la conocida moneda virtual denominada Bitcoin. Este mismo esquema ha sido usado también en otros países, con lo que el uso de esa cripto-moneda, o activo virtual como prefiero llamarle, entra dentro del ámbito del delito y la ilegalidad en nuestro país.

Permítanme mis amigos, aprovechar la ocasión para darles una primicia sobre el particular: la Junta Monetaria, en su sesión del jueves 22 de los corrientes, instruyó al Banco Central, entre otras medidas, a publicar y dar difusión por todos los medios, a un aviso advirtiendo a los agentes económicos, al público en general  y  a las entidades financieras, sobre los riegos asociados al uso de activos virtuales como medio de inversión o de pago en la República Dominicana. Cito brevemente:

La Constitución de la República Dominicana, en sus artículos 228 hasta el 230, consagra al Peso Dominicano como la unidad monetaria nacional; asimismo designa al Banco Central como único emisor de los billetes y monedas en circulación, y establece la fuerza liberatoria del Peso Dominicano, atribuyéndole a esta moneda plenos efectos liberatorios para todas las obligaciones públicas y privadas en todo el territorio nacional, como también se establece en  el artículo 24 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 22 de noviembre de 2002.

Esto indica que los citados activos virtuales como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, entre otros,  no cuentan con el respaldo del Banco Central y por lo tanto no gozan de la protección legal que otorga el marco jurídico de la República Dominicana. Del mismo modo, no pueden ser considerados como divisas extranjeras bajo el régimen cambiario, puesto que no son emitidos ni se encuentran bajo el control de ningún otro Banco Central extranjero, razón por la cual no reciben las garantías ni seguridad que ofrece la intermediación cambiaria ni la libre convertibilidad consagradas en los artículo 28 y 29 de la Ley Monetaria y Financiera.

Visto lo anterior, los “activos virtuales” mencionados no son una moneda de curso legal y por consiguiente no gozan del respaldo del Estado, su efectividad  o su uso como medio de pago en nuestra economía no puede ser garantizada, ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como forma de pago de bienes o servicios prestados. Con esta aclaración queremos evitar confusiones entre los usuarios del sistema financiero y la ciudadanía en general, sobre cualquier operación que se pretenda realizar utilizando este esquema.

El delito cibernético es una industria cuyo crecimiento debemos tratar de frenar a toda costa. Es una actividad en la que los retornos podrían ser grandes y los riesgos aparentan ser bajos. Se estima que el costo anual para la economía mundial del delito cibernético ronda los 400 mil millones de dólares. Esta cifra es más que el ingreso nacional de países emergentes.

Es por esto, que me parece importante que los gobiernos a nivel global participemos activamente en el fortalecimiento de los esfuerzos para enfrentar el ciber-delito y para educar a las empresas y ciudadanos en esta materia, sus modalidades y sus riesgos. Y debe ser un proceso colaborativo público–privado, para que sea inclusivo y efectivo.

Finalmente, estoy seguro que a lo largo de este foro se plantearán recomendaciones que serán de utilidad para todos los sectores aquí representados. Éxitos en la jornada y muchas gracias!

 

Santo Domingo, 28 de junio 2017

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