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El CODAIT objeta a John Guiliani y Marino Mendoza al TSE

“Mi nombramiento fue el resultado de mi experiencia en el manejo de la Ley 200-04, tras crear las OAI en la Junta Central Electoral y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)”

El Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia (CODAIT) objetó este martes a John Newton Guiliani Valenzuela y Fausto Marino Mendoza Rodríguez, como candidatos a jueces del Tribunal Superior Electoral, tras considerar que sus actos rayan con el comportamiento de un juez.

En carta dirigida al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Danilo Medina, y demás miembros de ese órgano, el presidente de la entidad no gubernamental, periodista Rafael Menoscal Reynoso, ofrece un testimonio de lo acontecido en el TSE durante su responsabilidad como encargado de la Oficina de Acceso a la Información Pública.

De acuerdo con el relato en la comunicación depositada en Secretaría del CNM, el juez Guiliani Valenzuela logró su cancelación en esa institución por éste no acatar la orden de favorecer a una de las empresas que participaba en una licitación pública.

Explica que cuando solicitó explicación sobre la cancelación, le informaron que Marino Mendoza y John Guiliani habían solicitado rescindir de su servicio, logrando su aprobación del Pleno del Tribunal, “en vista de que el cargo que yo ocupaba le pertenecía a este último juez, y él tenía otra persona para el puesto”.

“Este hecho no está aislado de otros acontecidos en el mismo sentido, de parecida o mayor magnitud, protagonizados por los jueces Guiliani Valenzuela y Mendoza Rodríguez”, señala el documento de Codait.

A continuación, el texto íntegro de la carta del CODAIT al CNM

 

Santo Domingo, 10  de julio de 2017

Lic. Danilo Medina Sánchez,

Excelentísimo Presidente Constitucional de la República y

Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

Demás miembros de ese órgano constitucional.

Honorables Señores:

En mi calidad de Presidente recién elegido del Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia (CODAIT), de Director del periódico ELPAISDOMINICANO.DO, y de simple ciudadano, no debo permitirme dar la espalda y mucho menos el silencio, en un momento como el que vive nuestro país, a la puerta de tomar decisiones de tanta trascendencia, las cuales podrían poner en tela de juicio el afianzamiento del sistema democrático logrado en las últimas décadas en base al sacrificio y la sangre de generaciones de dominicanos.

Permítanme ofrecer a ese honorable órgano del Estado, un testimonio durante mi paso como Encargado de Acceso a la Información del Tribunal Superior Electoral, o lo que es lo mismo, como celador de la transparencia en los procesos de esa institución, en torno a las actuaciones de algunos de los jueces de esa Alta Corte.

En primer lugar, mi designación en el TSE formó parte de la cuota del Dr. John Guiliani Valenzuela, en la repartición de las direcciones departamentales atribuidas a los cinco jueces; pero cuyo nombramiento fue el resultado de mi experiencia en el manejo de la Ley 200-04, tras crear las OAI en la Junta Central Electoral y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como por las relaciones personales que tenía con el referido juez.

Se produjo el 23 de febrero de 2012, careciendo dicho cargo de trascendencia, hasta que asumió el poder el Lic. Danilo Medina, quien al modificar el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones, el 30 de agosto de 2012, incluyó a los encargados de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI) de cada institución a los Comités de Compras. A partir de esa fecha, ese cargo adquiría “cierto valor”.

En una de las primeras sesiones del Comité de Compras del TSE, para licitar equipos de oficina, en la entrada del salón de sesiones se situó un asistente del juez Guiliani Valenzuela, quien me entregó un papel con el nombre de una de las empresas que participaban en el Concurso Público, con la instrucción de que “esa es la línea”; cuestión que me llenó de indignación, compartiendo el mensaje con otro de los miembros del Comité, por su nivel de seriedad, y provocando que la empresa que deseaban privilegiar no saliera gananciosa. Al salir de la reunión le pedí una cita al presidente del organismo, magistrado Mariano Rodríguez Rijo, de quien doy testimonio de su sobrada honestidad en esos aspectos, mostrándole la orden que me habían enviado por escrito; y advirtiendo que, independientemente de ser un subalterno, tenía el compromiso de defender el patrimonio público y que de volver a suceder tal insolencia, lo haría de conocimiento público.

Debo destacar, que la actitud del Presidente del TSE fue de total respaldo a mi postura y a partir de la fecha, por recomendación nuestra, las sesiones del Comité de Compras se filmaban y se subían a la Página Web del organismo, en procura de la transparencia en los procesos.

Sin embargo, a partir de ese evento pasé por el peor viacrucis y hasta tuvieron el tupé de designarme una secretaria de la confianza del juez Marino Mendoza.

En agosto de 2014, fui escogido por la CEPAL y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para participar del 1 al 5 de septiembre de ese año al “Curso Internacional Gobierno digital en la era del gobierno abierto“, a celebrarse en Montevideo, Uruguay, por lo que solicité al Pleno del organismo cubrirme los gastos de mi asistencia, lo que me fue negado; pero al estar interesado en la capacitación, pedí autorización para asistir con mis recursos, obteniendo el beneplácito del presidente, sin embargo, al arribar al país, aún en el avión, recibí una llamada informándome que mi cancelación estaba en mi escritorio.

Cuando solicité explicación sobre la disposición, me informaron que los magistrados Marino Mendoza y John Guiliani habían solicitado mi cancelación y logró aprobación, en vista de que el cargo que yo ocupaba le pertenecía a este último juez, y él tenía otra persona para el puesto.

Este hecho no está aislado de otros acontecidos en el mismo sentido, de parecida o mayor magnitud, protagonizados por los jueces Guiliani Valenzuela y Mendoza Rodríguez, y que estaríamos en disposición de suministrarlos a ese honorable Consejo, con testigos presenciales.

Honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en la composición de ese importante órgano se imponen los profesionales del Derecho; pero todos tienen un denominador en común: que son políticos, e independientemente de lo que se pregone, en manos de los políticos descansa la salud de la democracia de cualquier nación del mundo.

Un juez, en cualquiera de los ámbitos en donde se desempeñe, debe tener sentido del respeto a la dignidad humana. Si va a juzgar a un delincuente, debe tener una conducta intachable, ser correcto. Si va juzgar un acto doloso, no debe ser corrupto, ser honrado. Si va juzgar una violación sexual, no debe ser un acosador, porque detrás del acoso podría venir la violación.

Por lo antes expuesto y por otros tantos actos que rayan con el comportamiento de UN JUEZ, en las calidades referidas, objetamos a los Sres. John Newton Guiliani Valenzuela y Fausto Marino Mendoza Rodríguez, como candidatos a jueces del Tribunal Superior Electoral.

Esperando la debida atención a ésta, reciban nuestros más cordiales y respetuosos saludos,

Atentamente,

 

LIC. RAFAEL MENOSCAL REYNOSO

Presidente CODAIT

 

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