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Piden expulsión inmediata de Odebrecht de territorio dominicano

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) consideró que la única opción que el gobierno dispone ante Odebrecht después que ésta confesara en diciembre pasado que sobornó con 92 millones de dólares a funcionarios públicos en la República Dominicana, entre los años 2001 y 2014, es la aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

De acuerdo con la entidad, esta ley en sus artículos 11,14,36,65 y 66 dispone la rescisión de los contratos de las empresas que cometan actos de corrupción o estén relacionadas con los mismos, y la inhabilitación de por vida de su condición de contratistas u oferentes del Estado dominicano, “sin responsabilidad para la entidad contratante” (Artículo 66.4).

“Si Odebrecht ha tenido la osadía de exigirle al gobierno de Danilo Medina 700 millones de dólares adicionales para concluir la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina con un retraso de dos años, es porque es rehén de esta trasnacional y víctima de su propia corrupción partícipe y cómplice de la de esta empresa que convirtió al país en centro internacional de lavado de activos y en un burdel para funcionarios nacionales y extranjeros”, señalan.

Para el CNLCC, es imposible creer en la negativa del gobierno a acceder a la exigencia de Odebrecht y no pensar que esta negativa no pasará de ser un débil regateo para consumo publicitario de un inevitable pago que saldrá de las costillas del pueblo.

Estiman que el gobierno, en vez de aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, concertó un acuerdo homologado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, con el propósito de protegerla de la persecución penal de su crimen de corrupción, mantuvo los contratos de esta empresa, especialmente el de Punta Catalina, y ha continuado entregándole millones de dólares para esta obra, como si no hubiese pasado nada.

Según alegan, Danilo Medina prefirió perder alrededor de 300 millones de dólares pendientes de desembolso del préstamo del pool de bancos europeos y emitir 500 millones de bonos soberanos, antes de abandonar sus relaciones con Odebrecht, cuya práctica corrupta en el proyecto de Punta Catalina es la causa de la decisión de estas entidades bancarias.

“La historia de complicidad con Odebrecht en Punta Catalina arrancó con una licitación amañada para favorecerla y con el envío al Congreso Nacional de un contrato que violaba los términos de referencia de esta licitación, al diluir la condición de llave en mano de este contrato, al incorporarle una cláusula de escalamiento de costo, la número 9.1.  y al consignar la exención de todo tipo de impuestos mediante la cláusula 12.1.3”, explica la organización.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático condiera que el presidente Danilo Medina y su gobierno, en lugar de denunciar y romper el contrato por incumplimiento, cubrieron la ausencia del financiamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES), con recursos internos del país.

 

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