ANALISIS

Qué hacer ante el hambre y la sed de justicia?

Por: Ángel Veras Aybar

Hoy la nación está clamando por justicia y requiere a grito el cese de la impunidad. Miles de dominicanos han tomado las calles y plazas a partir del 22 de enero 2017, pidiendo a gritos el término de este sistema judicial parcializado y corrompido.

El Padre Fundador de nuestra República tenía bastante claridad sobre la importancia de una buena administración de justicia dentro de una sociedad constituida en Estado. Es así que ante la existencia de acciones delictivas e impunes, Duarte reflexionaba indicando, “El pueblo dominicano tiene hambre y sed de justicia y si el hombre se la negare, Dios, que es la suma bondad, habrá de concedérsela y no a largo plazo”. Aunque el plazo de espera parece hacerse largo, los hombres y mujeres que constituyen este pueblo lograrán tan ansiado deseo justiciero.

Hoy la nación está clamando por justicia y requiere a grito el cese de la impunidad. Miles de dominicanos han tomado las calles y plazas a partir del 22 de enero 2017, pidiendo a gritos el término de este sistema judicial parcializado y corrompido, requieren algo más creíble, en tanto el mismo envía a las calles a los delincuentes de cuellos blancos, mismos que pueden ser mantenidos en prisión. Pensar que el Poder Ejecutivo está usando este sistema podrido para mover sus piezas en el ajedrez nacional.

Han transcurrido más de 40 años de clamor y resistencia frente a un sistema que tiende a fomentar las acciones delincuenciales, en donde los delincuentes son grandes señores protegidos por las autoridades y el poder del dinero, sistema judicial en el cual fiscales y jueces actúan casi en similitud de irresponsabilidades, aunque desde luego existen excepciones, pero en sentido general está afectado de falta de criterios éticos y hasta profesionales para el desempeño de una buena administración de justicia.

La decisión del Juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, mediante la cual varia la medida de coerción; de prisión preventiva por garantía económica en favor de los imputados Díaz Rua y Ángel Rondón, no hace más que confirmar la situación de desprotección hacia el interés nacional y la gran muralla o blindado que posee el crimen de lesa humanidad que se podría decir constituye el robo o saqueo contra la colectividad. Este juez, que en principio pudo haber confundido a muchos ingenuos al decidir encausar a 14 personas involucradas en los sobornos de la ODEBRECHT y del tráfico de influencia o prevaricación de legisladores y otros funcionarios; ahora se despacha variando las medidas impuestas; es como si dijéramos que al momento de imponer las mismas hace tres meses, observó que los dos imputados no poseían arraigos; pero que ahora descubrió la existencia de tales condiciones procesales.

Si algo ha quedado claro con la decisión del juez Ortega, es aquella que sigue indicando que nos están manejando dentro de una farsa mal montada, la cual debe conducirnos a entender que el camino de las acciones pacificas se está cerrando y que los gobernantes están abriendo la vía de la rebeldía con todas las consecuencias y métodos que ella implica, esto se da ante el irrespeto a las normas de convivencia que los propios opresores han impuesto, pero que ya no pueden ni siquiera simular su desprecio hacia las mismas.

Aquí estamos en el Cambalache del que hablaba Enrique Santos Discípulo, todos estamos igualados, el maestro y el ladrón, el cura y el bravucón, el obrero y holgazán, en fin, el honesto y el mañoso.

El país cuenta con las instancias para el ejercicio de una sana administración de justicia, pero hay ausencia de voluntad y vocación por parte de las personas llamadas a defender a la sociedad. Solo les importa asumir la defensa del compañero de andanza; archivar los expedientes en los cuales sobran los indicios y pruebas en contra de los imputados, que en la mayoría de las veces son ex funcionarios acusados de corrupción por prevaricación y otras tipificaciones penales. Las iniciativas contra los corruptos desplegadas por dirigentes políticos, entidades sociales y otros actores; en muchas ocasiones no llegan ni a la fase preliminar de la instrucción.

La nación dominicana precisa de un sacudimiento en su sistema político y el judicial tiene que ser prioritario en ese despertar del letargo. Para muchos existe la impresión de que el sistema judicial sufrió una revolución a partir del año 1997, pero sucede, que sólo ha ocurrido un lavado de cara, las figuras que administraban justicia antes del 1997, o sea bajo la dirección del Dr. Néstor Contín Aybar, eran objetos de críticas por las debilidades que acusaba el sistema, estas se relacionaban con: lentitud de los procesos, tráfico de influencias, compra de sentencias, decisiones complacientes, mal estado de la infraestructura, entre otras; pero ocurre que en la actualidad, no obstante el aspecto de cierta limpieza de cara que se observa, lo cierto es que hoy subsisten gran parte de los males criticados durante el período anterior.

El hambre y sed de justicia invocados por el patricio Juan Pablo Duarte sigue siendo un deseo de la mayoría de los dominicanos, por eso debemos concluir en que si los jueces siguen actuando de forma irresponsable y no asumen sus funciones, estos tendrán que ver llegar las consecuencias de un clamor colectivizado y presto a llevar al país hacia un régimen de derecho real y no a una caricatura o quimera, como la que presenciamos ahora.

Lo expresado en relación con la actitud irresponsable de la administración de justicia, hace obligatoria una remoción del sistema judicial dominicano, pues ya el asunto no es ausencia de normas; sino de falta de vocación y en ocasiones de capacidad para el logro de un verdadero sistema judicial.

En fin, debemos concluir en que esos jueces y fiscales que integran nuestro sistema de justicia son el producto de las tramposerías de los partidos que se han sucedido en el poder; además de una muy marcada ausencia de ética en la política nacional y nadie en su sano juicio puede esperar de estos actores que actúen de forma diferente al modelo del cual provienen; de ahí que sólo un cambio verdadero puede traer una nueva forma de administración de justicia al servicio de las grandes mayorías y para ajustar cuentas con los responsables del desastre general.

Desde luego, que esto solo se podrá lograr con una gran toma de conciencia por parte de los sectores y clases que sufren, tanto la explotación de un sistema de injusticias, como de las desgracias que este conlleva. La puesta en libertad bajo garantía económica o variación de la prisión preventiva a estos dos señores de la mafia nacional, debe llevarnos a insistir en que el cambio solo será posible con el pueblo movilizado y siempre confiando en aquel postulado duartiano, según el cual; el crimen no prescribe nunca, ni queda jamás impune.

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