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Organizaciones afirman que el Pacto Eléctrico fracasó

Las organizaciones de consumidores eléctricos afirman que el Pacto Eléctrico fracasó y que la esperanza del país ha sido burlada debido a la que no es transparente la actitud del gobierno y de una parte de empresariado monopólico. La conducta del funcionariado público “pospone la superación de la crisis histórica del sector eléctrico, a un costo de miles de millones de dólares y la condena de nuestro país a la prolongación del subdesarrollo y la pobreza”.

Desde antes de la pre-plenaria del 17 de agosto pasado, el sector social unificado, en carta dirigida a Monseñor Agripino Núñez Collado y los integrantes del Pacto Eléctrico, señaló que: “Por estas razones, el grupo de organizaciones debajo firmantes, … le informamos que retira su apoyo a todos los consensos temáticos alcanzados hasta el momento, por lo que, de acuerdo a la metodología que nos dimos, todo el Pacto se encuentra en disenso. En este tenor le solicitamos que informe de esta situación a los demás participantes del Pacto antes de que se produzca la sesión plenaria del 17 de agosto próximo.” Este mismo proceso fue notificado mediante acto de alguacil y emplazamiento de recurrir en justicia el proceder irregular de las autoridades.

El Pacto de que se habla ahora es una simple maniobra que aparenta cambiar algo para que todo siga igual y empeore, profundizando la crisis del sector, asegurando el aumento de la tarifa eléctrica a consumidores/as y afectando más severamente las condiciones de la familia dominicana y las angustias del sector productivo del país y los/as usuarios empresariales medios y pequeños, que irán a la quiebra segura de sus negocios.

Nosotros, los consumidores y otros sectores sociales, después de tres años y más de 24 mil horas de trabajo técnico empleadas en estudiar, consultar y discutir el tema eléctrico, reiteramos que la imposición de los intereses del funcionariado y una parte de la cúpula empresarial monopólica, abortaron la posibilidad de un pacto que saneara el sector, terminara el esquema de fraude instalado en la distribución de energía, hiciera transparente el negocio de energía y los contratos de generación, promoviendo un servicio de calidad y con tarifas.

Desde hace tres meses el Sector Social se retiró de las discusiones y exigió el respeto a la metodología aprobada consensualmente y el funcionamiento del el Comité Técnico de Apoyo (CTA), pero la Dirección Ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES) y los representantes del gobierno central “elaboraron” y presentaron un documento que llena de ilegitimidad el proceso y que recoge esencialmente las posiciones del gobierno y parte de la cúpula empresarial.

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