HAITI INTERNACIONALES

Denuncian reforma constitucional impulsada por Gobierno de Haití

Puerto Príncipe, (Prensa Latina) El historiador Goerges Michel advirtió hoy que los cambios constitucionales nunca trajeron “casas buenas” a Haití y denunció la presunta dictadura que intenta imponer el presidente Jovenel Moïse con la reforma.
Michel es una de las voces más críticas al plan gubernamental de dotar al país de una nueva carta magna, con la consulta popular prevista para el 27 de junio, mientras reitera que la ley de leyes vigente prohíbe expresamente la celebración de referendos.
“Mirando el proyecto de Moïse podemos ver claramente la dictadura. Eliminó el Senado de la República, anuló la Cámara de Diputados. Se dio una cláusula de impunidad donde el presidente puede matar a millones de personas, robar millones de dólares, violar los derechos humanos”, aseguró el exprofesor de historia militar en un programa televisivo.
De igual manera, acusó al jefe de Estado de concentrar el poder, eliminando las instituciones, así como abrir la posibilidad de mantener a ciudadanos en el exilio, e incautar las propiedades por causas políticas, propuestas que están presentes en el nuevo texto constitucional, según analizó Michel.
“No podemos aceptar eso del presidente Jovenel Moïse, el pueblo haitiano trabajó mucho para obtener la Constitución, para salir de la dictadura”, dijo más adelante.
El también redactor de la vigente Constitución de 1987, advirtió que “nadie aceptará este texto y los partidos políticos seguirán manifestando su rechazo a participar en las elecciones con él en el poder”.
Desde mediados del año pasado, Michel critica la reforma total propuesta por el ejecutivo, aunque reconoce que la ley de leyes actual precisa modificaciones.
“El presidente es ciudadano haitiano, puede tener sus propias opiniones. Pero no tiene derecho a imponerlos a la nación mediante un referéndum concertado e inconstitucional”, aseveró en octubre último.
Mientras Moïse señala que la Constitución es fuente de inestabilidad política, sus detractores alertan de la supuesta falta de legitimidad del gobernante, al asegurar que su mandato constitucional venció en febrero pasado.
A esto se suma la creciente inseguridad, aumento de secuestros y asesinatos, además de la multiplicación de bandas armadas principalmente en la capital, lo cual no propicia un ambiente estable para el proceso, de acuerdo con expertos.

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