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Carlos Rejala diputado de Paraguay advierte sobre consecuencias de crisis nacional

Asunción, 3 abr (Prensa Latina) El diputado paraguayo Carlos Rejala advirtió hoy sobre las graves consecuencias que para el país puede acarrear la crisis evidenciada en el divorcio entre los poderes del Estado y los reclamos populares.

Según el legislador, las acciones de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) muestran que no responden a las necesidades de los paraguayos, y “las consecuencias pueden ser graves”, precisó al diario La Nación.

Rejala recordó que la crisis nacional se vio agravada en marzo con las manifestaciones populares reprimidas con violencia por la policía, acciones que dejaron saldo de un fallecido, y decenas de heridos y detenidos.

“Los tres poderes del Estado se sacaron la careta y se mostraron de cuerpo entero dando la espalda a los reclamos del pueblo”, dijo el diputado por el partido Hagamos.

Señaló además la justeza de los reclamos, basados en la pobre respuesta gubernamental a la crítica situación sanitaria en relación con la Covid-19, enfermedad que cobró la vida a unas cuatro mil personas y colapsó el sistema hospitalario.

Cuando la gente se manifiesta expresando su rabia y frustración por la falta de insumos y medicamentos, acotó Rejala, un Estado eficiente iba dar respuesta inmediata direccionando todo su esfuerzo en solucionar los diversos problemas, pero aquí ocurrió todo lo contrario.

El legislador refirió algunas de las fallas de las instancias del Estado antes mencionadas como la prisión preventiva para los manifestantes, sancionando así ese derecho constitucional, lo que consideró un claro ejemplo de interés político por sobre el deber hacia la ciudadanía.

Los manifestantes además de soluciones a la crisis sanitaria exigieron la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y su gabinete, a quienes acusan de corrupción y mal desempeño de sus funciones.

El reclamo fue respaldado por la oposición política que inició trámites para enjuiciar políticamente al mandatario y al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque el proceso fue desestimado por el Senado

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