JUSTICIA NOTICIAS DE PORTADA

Cuatro viviendas de lujos y dos granjas parte de los bienes incautados en Operación Coral

Según la PEPCA los RD$ 3000 millones son fruto del entramado de corrupción formado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre entre el 2012 y 2020

Por Julio Guzmán Acosta

Usando toda la influencia que tenía como jefe de seguridad presidencial y valiéndose de todos tipos de artimañas, para realizar corrupción administrativa, el mayor general Adán Cáceres Silvestre consiguió una fortuna que, de manera preliminar, el Ministerio Público calcula en más RD$3000 millones durante los ocho años del mandato de Danilo Medina (2012-2020).

El militar que le cuidaba la espalda y era hombre de confianza del expresidente Danilo Medina, según la PEPCA, “conformó un entramado para lavar y defraudar dinero del erario, estructura en la cual la pastora Rossy Guzmán, una persona de extrema confianza de este alto oficial, se convirtió en su mano derecha y principal testaferro”.

Por los elevados precios de los bienes muebles e inmuebles de la pastora Rossy Guzmán fue que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) inició una investigación en la cual determinó que, a través de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, la religiosa y su hijo (también detenido) Tanner Antonio Flete Guzmán, trataban de ocultar el dinero defraudado por Adán Cáceres, según establece el Ministerio Público.

Como parte del entramado, el Ministerio Público también involucra a los investigados Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón y Eric Daniel Pereyra Núñez, quienes prestaban sus nombres para tratar de ocultar dinero corrupto.

Entre los bienes incautados por la PEPCA y que sería de propiedad del mayor general Adán Cáceres Silvestre, aunque estén a nombre de otras personas, están cuatro viviendas de lujo con zona de recreación común, ubicadas en la urbanización Colinas del Oeste. Las autoridades calculan que, solo el costo del solar asciende a RD$160 millones, mientras que la construcción de las viviendas tiene un valor aproximado de un millón de dólares.

El mayor general Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán Sánchez los principales acusados en la Operación Coral.

Otros bienes inmuebles en manos de las autoridades son las granjas de producción avícola y porcina, ubicadas en la provincia de Monte Plata, y registradas bajo la Asociación Madre Tierra.

Al grupo de apresados mediante la Operación Coral se le imputa incurrir en los ilícitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos (la declaración jurada en el caso del alto oficial), lavado de activos provenientes de actos de corrupción y también porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

En la tarde de ayer la PEPCA depositó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, en donde solicitó prisión preventiva para los cinco detenidos en la primera etapa de la llamada Operación Coral. Además, solicitó que el caso sea declarado complejo.

Después de ser recibida la solicitud de medidas de coerción, el tribunal fijó el conocimiento de la audiencia para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana.

La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la PEPCA y quien encabezó el equipo que depositó la instancia de más de 200 páginas, declaró en el palacio de justicia de Ciudad Nueva que los hechos atribuidos a estas cinco personas son el fruto de meses de investigación.

Al responder preguntas de la prensa, indicó que los fiscales han realizado amplias indagatorias “para poder presentar una solicitud de medida fuerte, con toda la contundencia para obtener la prisión preventiva” para todos los imputados.

La fiscal que lleva el caso, también dijo que el Ministerio Público no duda que, en el transcurso de las investigaciones, que ahora se amplían, resulten otras personas implicadas en estos ilícitos y se irán sometiendo según se encuentren los elementos de prueba para solicitarles medidas de coerción.

Como parte de las investigaciones en el marco de la Operación Coral, el Ministerio Público realizó el sábado pasado un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *