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Diputados reducen de diez a tres años la pena por corrupción

  • Modificaron la propuesta inicial en la que se contemplaba castigos más severos y por ella votaron 146 legisladores.

Por Julio Guzmán Acosta

Cuando la sociedad dominicana reclama a gritos mano dura contra la corrupción, cero impunidades y la confiscación de los bienes desfalcados. Cuando desde el poder ejecutivo y en especial el presidente Luis Abinader da muestras con su ejemplo de enfrentar la corrupción, aun sea contra sus propios funcionarios. Cuando el Ministerio Publico ha declarado la guerra a la corrupción y tiene en marcha importantísimos expedientes que encausan a varios funcionarios del gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina, de los cuales muchos están en prisiones.

En ese mismo escenario, la Cámara de Diputados, aprobó en primera lectura el proyecto de modificación al Código Penal y reduce la condena al delito de corrupción que inicialmente estaba contemplado en el proyecto de ley que estudió la Comisión de Justicia, bajando de diez a tres años de prisión las penas máximas para esas infracciones.

El presidente de la cámara baja Alfredo Pacheco, el 17 de agosto de 2020, presentó la propuesta en la que establecía que la corrupción se castigaría con penas privativas de libertad de cuatro a diez años, sin embargo, ahora se ha modificado reduciéndola de dos a tres.

La decisión que ahora se ha adoptado contradice el discurso que exhibía el Congreso Nacional en el sentido de que el nuevo Código Penal sería más drástico y castigaría la corrupción de forma tal que ningún funcionario público se viera tentado a incurrir en ese ilícito penal.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán calificó la decisión de insólita y que la misma es un llamado para que se cometan actos de corrupción al establecer penas que contradicen los acuerdos internacionales y la jurisdicción comparada de los crímenes y delitos de corrupción.

“Eso es un contrasentido, una contradicción, o sea, desde el gobierno central se está tratando de diseñar políticas que van dirigidas a evitar actos de corrupción, a transparentar la administración pública, y desde el Congreso Nacional se está actuando de espaladas a esas iniciativas”.

En el modificado Código Penal en su artículo 303 aprobado en primera lectura establece: “Todo funcionario o servidor público que, prevaliéndose de su posición dentro de los órganos, entes y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico, mal utilice los bienes públicos para beneficio privado, ofrezca, prometa o realice actividad inherente a su cargo, comete la infracción de corrupción y será sancionado con dos a tres años de prisión e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un término de cinco a diez años”.

Con dicha pena, ese delito entra en la categoría de las infracciones graves que contempla la pieza legislativa: infracciones leves, graves y muy graves.

Los cambios en el proyecto de legislación se dieron mientras los debates públicos se centraron en la despenalización o no del aborto en tres circunstancias: cuando la vida de la madre está en riesgo, el feto tenga malformaciones congénitas incompatibles con la vida o que el embarazo haya sido fruto de una violación o incesto.

Si esa propuesta se convierte en ley, los sometidos a la Justicia por corrupción, en caso de que se declaren culpables de los cargos mediante un acuerdo penal abreviado con el Ministerio Público o porque un tribunal determine su culpabilidad, podrían no cumplir ni un año prisión debido a que el Código Procesal Penal faculta a que los jueces puedan declarar la suspensión condicional o total de la pena cuando la condena sea inferior a los cinco años de reclusión.

 En la propuesta, habría una contradicción, debido a que para el delito base, corrupción, se contempla una pena de hasta tres años, sin embargo, para otras conductas que se tipifican junto a ese delito como enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, tráfico de influencias, cohecho, obtención ilegal de beneficios económicos, conflicto de intereses, la sanción va de cuatro a diez años de reclusión mayor además de una multa.

“Poner como penalidad de dos a tres años por corrupción, ¡eso es incentivar la corrupción! Y más aún cuando ni siquiera ese artículo establece como parte de la pena, la incautación de los bienes. Es decir, no solamente le bajaron la pena en un código donde se están subiendo la pena a todos los delitos, sino que tampoco es parte de la sanción poder recuperar los bienes producto de las actividades ilícitas ¡eso es totalmente insólito!”, enfatizó Castaños Guzmán.

Servio Tulio espera que la comisión de justicia reconsidere su planteamiento y antes de presentar la instancia para una aprobación en segunda lectura, se subsane esa debilidad. “Uno aspira a que eso se corrija ahora en la comisión de justicia para que cuando pase a la segunda lectura se apruebe de manera correcta”, refirió.

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