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Declaraciones de Jean Alain Rodríguez en la medida de coerción

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Kenya Romero, se reservó para hoy a las 3:00 de la tarde la decisión sobre la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros implicados en la denominada “Operación Medusa”.

Fui designado procurador no porque lo pedí, ni porque lo buscaba o deseaba, pero cuándo un presidente te pide y te busca en plan de mejorar y modernizar el país, no hay forma ni como decir no”.

El exprocurador se definió como un hombre honesto y proclamó que nunca le ha hecho daño a ninguna persona. Dijo que ha pedido perdón por el único error que ha cometido en su vida, en referencia al incidente que protagonizó en una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura en descalificación a la actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

“A mí no me están juzgando por malversación, sino por un error. A mí no me están juzgando por estafa, sino por odio. A mí no me están juzgando por robo, sino por venganza”, aseguró el exprocurador general, tras pedirle a la jueza Romero que le impusiera libertad o una medida menos gravosa para ser cumplida en su residencia, al manifestarse incapaz para destruir pruebas sobre el caso, alegando que ya están en poder del Ministerio Público.

Atendiendo a un pedido de la defensa de Rodríguez, la jueza Kenya Romero permitió acceso a la prensa, pero solo a la escrita, la cual no pudo ingresar ni cámaras ni celulares. La cobertura se hizo a la antigua, con libretas y lapiceros.

En el proceso están implicados el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, para quienes el Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva.

Como medida de coerción, la Procuraduría ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el tribunal declare el caso complejo. El grupo está imputado de lavado de activos, falsificación de documentos, asociación de malhechores y otros delitos.

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