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Tribunal conocerá revisión obligatoria sobre medida de coerción de Alexis Medina

El juez del Tercer juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá mañana miércoles la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada en contra del imputado Alexis Medina Sánchez, implicado en el caso Pulpo y a cuya defensa se sumó el abogado Julio Cury.

El magistrado Amaury Martínez, apoderado para el control de las investigaciones llevada a cabo en contra de los implicados en el entramado de corrupción, conocerá la vista de la medida a las 9 de la mañana.

El abogado Julio Cury, recientemente, se sumó a la defensa del imputado Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, donde también forma parte el abogado Carlos Salcedo.

El tribunal deberá decidir si varía la prisión preventiva dictada en su contra por el entonces juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.

El Ministerio Público dice que formaron una red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpeta supuestamente controladas por Alexis Medina quien, de acuerdo con el expediente, aprovechó su condición de hermano del presidente para establecer negocios millonarios con el Estado.

El 8 de agosto pasado, el juez envió al imputado Alexis Medina, al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, por un período de tres meses, declarando el caso complejo y apoderando del control de las investigaciones al Tercer Juzgado de la Instrucción.

Asimismo, otorgó un plazo de ocho meses a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y Persecución para la conclusión de la investigación y presentación de la acusación contra de los encartados que está a punto de vencerse.

En el caso figuran además de Alexis Medina, su hermana Carmen Magaly Medina Sánchez, Francisco Pagán, Fernando Rosa, Aquiles Cristopher Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

A los imputados se le acusa de presuntamente integrar una red que estafó al Estado con miles de millones de pesos amparados en el vínculo familiar de dos de los procesados con el entonces presidente de la República.

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