INTERNACIONALES

México demanda a fabricantes de armas de EEUU

MÉXICO.- Durante años, funcionarios mexicanos se han quejado de que el control laxo de las armas en Estados Unidos es responsable del devastador derramamiento de sangre en México. El miércoles, trasladaron su campaña a los tribunales estadounidenses y presentaron una demanda contra 10 empresas de armas.

La acción legal, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, es la primera vez que un gobierno nacional demanda a los fabricantes de armas en Estados Unidos, dijeron las autoridades. La demanda acusa a las empresas de facilitar activamente el flujo de armas hacia los poderosos cárteles de la droga y de alimentar un tráfico en el que el 70 por ciento de las armas rastreadas en México provienen de Estados Unidos.

“Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera”, dice la demanda. La avalancha de armamento es “el resultado previsible de las acciones y prácticas comerciales deliberadas de los demandados”.

El gobierno citó como ejemplo tres armas fabricadas por Colt que parecen estar enfocadas directamente a una audiencia mexicana con sobrenombres y temas en español que resuenan en México. Una de ellas es una edición especial de una pistola calibre .38 que tiene grabado el rostro del héroe revolucionario mexicano Emiliano Zapata y una cita que se le ha atribuido: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.

Según las autoridades, ese tipo de arma fue utilizada por un atacante en 2017 para matar a la periodista mexicana Miroslava Breach Velducea. Un integrante de un grupo vinculado al poderoso Cártel de Sinaloa fue condenado por su asesinato el año pasado.

Los expertos legales cuestionaron las posibilidades de éxito de la demanda porque la ley federal de Estados Unidos garantiza a los fabricantes de armas una gran inmunidad contra las demandas de las víctimas de la violencia armada y sus familiares. Pero algunos dijeron que esa acción podría brindar apoyo político al fortalecimiento de las regulaciones sobre armas en Estados Unidos, que se encuentran entre las más flexibles del hemisferio.

México tiene leyes estrictas que regulan la venta y el uso privado de las armas, y los grupos de narcotraficantes del país suelen utilizar armas estadounidenses. El Departamento de Justicia descubrió que el 70 por ciento de las armas de fuego que fueron rastreadas en México entre 2014 y 2018 se originaron en Estados Unidos.

Estas armas “están íntimamente vinculadas a la violencia que México vive hoy”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en una conferencia de prensa el miércoles.

Los fabricantes de armas venden sus productos a cualquier distribuidor con licencia, dice la demanda, “a pesar de las señales de advertencia que indican que los vendedores de armas está conspirando con compradores falsos u otras personas para traficar armas haci​a México”.

Durante años, México se había centrado en presionar a los funcionarios estadounidenses para que reprimieran el contrabando de armas en la frontera. Los contrabandistas suelen reclutar a estadounidenses con antecedentes penales limpios para que compren varias armas a la vez, a menudo en diferentes tiendas, y luego cruzan la frontera con las armas, dicen las autoridades.

Con esta demanda, México amplía sus esfuerzos señalando a los propios fabricantes de armas. Funcionarios del gobierno mexicano dijeron que habían analizado atentamente varios casos recientes relacionados con fabricantes de armas en Estados Unidos, incluida la demanda presentada contra Remington por las familias de los niños asesinados en el tiroteo en la escuela Sandy Hook en 2012.

Ahora esas familias están analizando un acuerdo de 33 millones de dólares ofrecido por la compañía, luego de una serie de procedimientos legales que duraron siete años y que, según los expertos, abrieron un nuevo camino para que las víctimas de la violencia armada responsabilicen a los fabricantes. El caso de la escuela Sandy Hook aprovechó una exención escrita en la ley federal que protege a los fabricantes de armas y que permite litigar contra las empresas si sus prácticas de mercadeo violan las leyes estatales o federales.

Pero los expertos legales ponen en duda que el gobierno mexicano pueda convencer a la corte de Massachusetts de que los fabricantes de armas facilitaron de manera consciente la venta de armas de fuego a los cárteles o habían incurrido en mercadeo ilegal. Vender a minoristas que puedan tener vínculos con grupos delictivos no es necesariamente un delito.

“Incluso si [las empresas] son descuidadas, no son responsables”, dijo Tim Lytton, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Georgia.

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