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México despenaliza el aborto en una jornada histórica para las mujeres

La Justicia mexicana ha dado un paso decisivo para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país. La decisión adoptada por unanimidad en la Suprema Corte anula las sanciones contempladas por abortar y establece un precedente que obligará a los gobiernos estatales a actualizar su legislación. De los 32 estados del país, solo 4 tienen aprobada una ley de plazos y en otros 19 hay personas encarceladas por realizar esta práctica sancionada con hasta tres años de prisión. Pese a la presión mediática y social impulsada desde los movimientos feministas en los últimos años, el Gobierno de López Obrador ha preferido mantenerse al margen de este debate para “no alentar ninguna confrontación”.

“Hoy es un día histórico para todas las mujeres, es un parteaguas en la historia de los derechos de las mujeres”, ha sentenciado el presidente de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, al clausurarse el pleno. El autor del proyecto, el ministro Luis María Aguilar, ha insistido en que “nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo”. A las afueras del organismo público, cientos de mujeres ataviadas con un pañuelo verde han celebrado la noticia que impide que se siga criminalizando la interrupción voluntaria del embarazo en un país donde cada año se realizan casi un millón de abortos clandestinos.

El pleno de la Corte Suprema ha debatido durante dos días las acciones de inconstitucionalidad presentadas desde los Estados de Coahuila y Sinaloa, donde la legislación es muy severa, antes de aprobar por unanimidad un fallo que invalida la normativa de Coahuila y establece “un criterio obligatorio” para todos los jueces del país.

Según han explicado más tarde los integrantes del Tribunal, la decisión se ha basado en la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, más allá de otros debates más profundos sobre el origen de la vida, tal y como ha explicado la ministra Margarita Ríos: “La idea de la vida sobrepasa el derecho y un Tribunal Constitucional no puede sustentar sus decisiones en apreciaciones particulares y subjetivas, sino universales”.

Tras la legalización del aborto en otros países de la región, como Argentina o Uruguay, México había quedado algo rezagado en esta materia debido a la gran autonomía legislativa de la que gozan sus 32 Estados y a la falta de iniciativa o interés mostrado por los distintos gobiernos federales. La diputada conservadora del PAN, Ana Esquivel, ya ha adelantado que en Guanajuato “no estamos en condiciones ni con el deseo de promover acciones de despenalización del aborto”. A nivel federal, la situación es cuanto menos polémica: López Obrador es el presidente más progresista que jamás ha tenido México, pero también un declarado “seguidor de Jesucristo” y, en este asunto, ha decidido mantenerse al margen.

A la legalización del aborto en Ciudad de México del año 2007, le siguieron más tarde los Estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. En estos cuatro territorios se contempla una ley de plazos que avala la interrupción del embarazo en caso de malformación del feto, violación, riesgo para la madre o, sin necesidad de dar explicaciones, hasta las 12 semanas de gestación. El fallo de la Corte Suprema supone un hito histórico para los derechos de las mujeres mexicanas ya que: sienta jurisprudencia, impide que ningún juez del país pueda criminalizar el aborto y sienta las bases para que los Estados que aún lo hacen, actualicen sus normativas regionales.

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