ANALISIS

¿Es que gasta mal o que gasta poco?

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Por Isidoro Santana

En su artículo del pasado 9 de octubre, Magín Díaz se refiere a lo dicho por el Presidente Abinader, en el sentido de que, independientemente de quién gane las próximas elecciones, es necesario hacer un ajuste fiscal.

Amplio conocedor del tema, Magín le confiere la razón al presidente, en el sentido de que la actual situación fiscal es insostenible. Ahora bien, es común creer que resolver el problema fiscal consiste en eliminar el déficit y parar el endeudamiento.

Obviamente eso se consigue aumentando ingresos o bajando gastos. Coincido con el colega y amigo en que no se pueden bajar los gastos, pero creo que se queda corto; mi opinión es, no solo que no pueden bajarse, sino que habría que subirlos, sin que ello niegue todo esfuerzo por mejorar su calidad y someterse a normas de disciplina fiscal.

Eliminar déficit para reducir el endeudamiento es una condición necesaria para ahorrar sobresaltos futuros, lo cual es una gran cosa, pero no ofrece a la ciudadanía los bienes y servicios de calidad que siempre espera. Plantearle a la sociedad un ajuste fiscal con el único propósito de evitar problemas futuros, pero sin mejorar su vida ahora, no ayudaría mucho a concitar el apoyo necesario.

 A este gobierno se le reconocen dos grandes méritos: el primero es haber mantenido la estabilidad macroeconómica, en una época en que muy pocos países la mantuvieron, incluyendo conservar el crecimiento, mejorar el perfil de la deuda y la calificación de riesgo, y bajar la inflación a un mínimo, todo ello en medio de un mundo tan convulso.

El segundo es haber designado un ministerio público que ha devuelto a la ciudadanía la esperanza en que ahora sí es verdad que la corrupción va a ser intolerable, o al menos que puede haber cierto castigo.

En todo lo demás, sean cuales hayan sido sus intenciones, este gobierno ha sido víctima de las circunstancias. Y esas circunstancias han sido terribles. Cuando era completamente imprescindible ejecutar una reforma fiscal como condición de éxito, la crisis de la pandemia se lo impidió. Apremiado por la estrechez fiscal, lo intentó, pero al ver la poca receptividad y la adversa coyuntura para lograrlo, el presidente anunció la buena nueva de que no habría pacto fiscal.

La gente se sintió aliviada, muchos celebraron y subió la popularidad del presidente. Tal vez no habrían celebrado mucho si le hubieran dicho que eso iba aparejado con renunciar a reformas en salud, seguridad social, policía, saneamiento del entorno urbano y en general, servicios públicos.

Claro está que siempre habrá medios para decir que también se daría todo ello y mucho más. Vivimos en un medio en el cual los gobiernos no suelen plantearle a la ciudadanía los límites a que se enfrentan. Es preferible decirle que todo está al alcance, o que se está haciendo.

Es más, invito a cualquier lector interesado, ahora que el internet lo facilita, a que revise los discursos presidenciales y propaganda gubernamental de toda la época posterior a Trujillo, pasando por Balaguer, Guzmán, Jorge Blanco, Leonel, Hipólito, Danilo y Abinader, y verán que todos se han jactado durante más de medio siglo de sus grandes realizaciones y logros en materia de educación, salud, agua, seguridad, transporte, infraestructura, etc.

Basta contrastarlo con la evidencia estadística, con lo que dicen los estudios y los ratings internacionales, para saber que nada de eso es verdad. Y es que, independientemente de lo que se proponga, con la carga fiscal dominicana no es mucho lo que se consigue.

Para un economista profesional que quiere hacer política económica, no hay tarea más ingrata que la de formular los presupuestos de cada año. En números redondos, se sabe que la recaudación rondará el 15 % del PIB; saque aparte el 4 % para Educación y el 6 % para el servicio de la deuda, y ya queda el 5 %.

Ahora tome el 2 % para subsidios eléctricos y para el Banco Central, y el tres por ciento restante déselo al Ministerio de Salud, a Supérate y a la Policía y ahí se acabó todo.

Pero como no podía acabarse, entonces se decide proyectar 3% más de gastos, que ahora se llamarán déficit y endeudamiento, y comience a repartir chines, un chin para Agricultura, Industria, Fuerzas Armadas, Justicia, Turismo, Medio Ambiente, agua, municipios y una miseria para todo lo demás. Y al año siguiente lo mismo, pues el presupuesto de cada período viene predefinido por el anterior.

Y como el contexto internacional va de mal en peor, a todo el presidente responde que lo solucionará con subsidios, como si hubiera descubierto un maná o tuviera una varita mágica.

La República Dominicana tiene uno de los niveles de gastos públicos más bajos del mundo. El gasto primario, que es el que se destina a proveer bienes y servicios, casi siempre ronda el 14 % o 15 % del producto (40 % los países desarrollados, 32 % en América Latina). No conozco ningún país que con eso haya resuelto gran cosa.

Obsérvese que incluso en el trabajo del Ministerio Público, en que por primera vez se reconoce un esfuerzo por hacer bien su trabajo, se le reclama que se haya concentrado en unos pocos casos, pero ¿sabes cuantos abogados, contadores, técnicos de todo tipo se necesitarían para trabajar en cientos de casos a la vez, y cuántos recursos serían necesarios para competir con las firmas de abogados que contratan los corruptos y narcotraficantes?

Habría que preguntarse si la mala calidad de los servicios públicos obedece a que el gobierno gasta mal o a que gasta poco en ellos. En general, los gobiernos de América Latina gastan mal y los servicios públicos son deficientes, pero el hecho de que los dominicanos aparecen entre los peores, sugiere que la razón principal es lo poco que se destina a ellos.

Después vendrá la discusión de cómo hacer una reforma tributaria. No hay impuestos buenos. En la República Dominicana, con excepción de los combustibles, los impuestos no son más altos que en otros países, pero tampoco mucho más bajos.

La solución comienza por eliminar exenciones. Pero tampoco vamos a creer que con eso ya todo está resuelto pues, aunque la gente piensa que todas las exenciones que existen son para favorecer a los empresarios, hay una parte que están para proteger el presupuesto familiar.

Entonces habrá que decidir, y en algún momento comprender que el medio eficaz para redistribuir el ingreso no son los impuestos, sino los gastos públicos. Por tanto, si cobrar menos impuestos se hace a costas de sacrificar los servicios de salud, policía, educación, agua o asistencia social, eso significa penalizar a los más pobres para beneficiar a los ricos.

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