ANALISIS

Las insípidas elecciones municipales

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Por Isidoro Santana

Primera vez en mi vida que veo un proceso electoral tan tranquilo y civilizado, salvo algunos incidentes de última hora, unido a las habituales violaciones legales por todos los partidos, y el abuso del poder por aquellos que lo ostentan. En este caso el PRM le dio a la oposición a beber una dosis de su propia medicina, aspecto en el cual, lamentablemente, no progresamos.

Lo de insípidas se refiere al escaso interés despertado entre la ciudadanía. La tasa de votación fue baja. Es cierto que en todas partes la abstención en las elecciones municipales suele ser más elevada que en aquellas en que se eligen autoridades nacionales, pero también es cierto que, como se dice, al dominicano le gusta votar, y la participación suele ser elevada.

No ocurrió así ahora, lo que otorga argumento a aquellos que siempre se opusieron a la separación en el tiempo de las elecciones municipales de las nacionales.  En base a ese criterio, se han tomado múltiples iniciativas, entre las cuales, con la modificación constitucional del 2010 se volvieron a juntar las presidenciales con las congresuales, y celebrar las municipales con solo tres meses de diferencia.

Nunca estuve de acuerdo con ello, hasta el punto de exponer mi cargo como ministro por defender aquello en lo que creo. Las razones de mi discrepancia las voy a explicar en este artículo.

Fuera del menor interés por los ciudadanos, los sustentadores de la unificación argumentan las frecuentes campañas y el alto costo de las mismas. Lo de que sean frecuentes las elecciones es un mito, porque en la mayoría de los países del mundo se celebran elecciones con una frecuencia mayor a los cuatro años. Es más, la democracia más funcional de las que he leído es la de Suiza, y allí el ciudadano es llamado a votar prácticamente todos los meses.

Lo de que las elecciones son costosas es otro mito: lo que pasa es que se gasta mucho, pero eso es completamente innecesario. El dinero que se gasta en una campaña depende de varios factores, entre ellos el tiempo que dura, la profusión de publicidad y actos proselitistas, y el financiamiento recibido.

La duración de la campaña se debe controlar, pues se puede hacer hasta en 15 días. El gasto en publicidad y proselitismo también se debe controlar, lo cual depende de nuestra legislación y nuestras instituciones.

El financiamiento recibido por los candidatos y partidos es un punto crítico, por la posibilidad cada vez mayor de que penetren en el poder el dinero sucio, bien sea de la corrupción o el crimen organizado. Por eso se justificó que se asignara dinero del presupuesto público para las campañas, pero entonces se cometió el error de no prohibir el privado y de ni siquiera controlarlo. Y para colmo, en la práctica, ni siquiera se rinde cuentas, aunque la ley obligue hacerlo. El mejor de los mundos para la política como negocio.

Para mí, lo ideal es que se hubiera mantenido la diferencia de dos años entre unas elecciones y otras. Las personas que propugnamos y luchamos para que se separaran lo hicimos amparados en los siguientes criterios; primero evitar el arrastre y permitir que el elector concentrara su atención en la escogencia de sus autoridades municipales.

Pero eso era parte de un proceso de cambios conducentes a un Estado más descentralizado. La parte fundamental consistía en transformar el sistema municipal, convirtiendo a los municipios en verdaderos órganos de gobierno, con responsabilidades y recursos muy bien definidos, de modo que el ciudadano asumiera que de la elección que hiciera depende una gran parte de su vida cotidiana.

Para ello había que llevar a cabo un pacto fiscal, conforme al cual se dotara a los ayuntamientos de verdaderos recursos, pero también de amplias responsabilidades en términos de infraestructura y provisión de servicios.

La primera disposición consistía, solo por fines prácticos, en que los tributos los cobrara el Gobierno Nacional y de ellos, transfiriera un 10% a los ayuntamientos. Nunca se cumplió, ni mucho menos ampliar las opciones de financiamiento ni delimitar sus responsabilidades frente a las de la autoridad nacional. Algunos artículos plasmados en la reforma constitucional del 2010 quedaron como simples enunciados, letra muerta.

Los municipios siguieron siendo entelequias y, de esa forma, el ciudadano entiende que no importa mucho a quien elija, e incluso, que no se sienta comprometido a votar. Pero la solución mal puede consistir en volver a juntar las elecciones. Si es que a nadie le interesan los gobiernos municipales, entonces que propongan suprimirlos ya y nos quedamos con un solo gobierno. Y si las elecciones resultan muy caras, entonces vamos a ver si la dictadura sale barata. Los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia, no poniéndole cortapisas.

 

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