ANALISIS

Decreto 416-23: Un paso en la modernización de las contrataciones públicas

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Por Franser Desiree Solís*

Los desafíos están presentes y requieren una nueva norma que vaya más allá de las limitaciones actuales.

En un momento significativo para la Gestión Gubernamental, ya que enfrenta cambios acelerados y demandas ciudadanas cada vez más exigentes, el Decreto 416-23 ha entrado en vigor, buscando marcar un hito en lo relacionado al ciclo y gestión de las compras gubernamentales. Este instrumento representa para la sociedad dominicana un avance hacia la modernización, dominio de la información y eficiencia de los procesos de compras. Este decreto actúa o se considera como un puente mientras se vislumbra una nueva ley de compras y contrataciones.

En ese contexto, si bien la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, contaba con el esquema para una gestión óptima, coherente y eficiente de los recursos públicos, no menos cierto es que al igual que en la vida, en una sociedad, nada es estático y en la práctica se pudieron evidenciar desafíos y oportunidades de mejoras, que son abordadas por el nuevo decreto, situándolo en un lugar estratégico para fortalecer el sistema de compras públicas dominicanas y eficientizar la gestión del personal público.

Un aspecto a resaltar, es que el plazo otorgado de seis meses para su entrada en vigor fue una invitación a los actores involucrados a prepararse para lo que es una transición gradual de los cambios que trae consigo el decreto, obligando a las instituciones y sus actores a evaluar sus mecánicas, equipos de trabajo y organización, lo que se traduce en una alineación coherente y preparada.

El reglamento 416-23 introduce una estructura más clara y ágil en la organización de los procesos de contratación, definiendo con mayor precisión las responsabilidades de los actores en cada etapa del proceso y centralizando en un solo lugar los procedimientos, manuales y documentos estándar, lo que facilita el acceso y consulta de los involucrados. En sentido general, resaltar como elementos sustanciales:

  • Establece criterios más robustos para evaluar las ofertas de los proveedores. Además de los aspectos técnicos, se consideran factores como la sostenibilidad, la innovación y el valor por dinero.
  • Los peritos tienen un papel estratégico en el peritaje en las contrataciones públicas, se erigen como figuras esenciales en el proceso de selección y evaluación de ofertas. Prioriza su expertiz técnico y su imparcialidad como elementos fundamentales para garantizar la calidad y la transparencia en las decisiones de contratación.
  • La Dirección Administrativa y Financiera (DAF) y el Comité de Compras, desglosa de manera ampliada sus responsabilidades como órgano de decisión y ejecución de procedimiento.
  • Promueve el uso de la tecnología, los sistemas integrados y la validación de ciertas documentaciones que pueden ser consultadas en línea.
  • Divide el ciclo de la contratación en tres etapas: precontractual, contractual y postcontractual, resaltando la importancia de una buena planificación y estudio previo en determinadas necesidades.
  • Permite a los ciudadanos mejoras para el acceso al monitoreo de los procesos de compras en tiempo real, no solo fortaleciendo la transparencia sino permitiendo detectar posibles incongruencias.

Indudablemente, los desafíos están presentes y requieren una nueva norma que vaya más allá de las limitaciones actuales. Esta ley debe abordar de raíz los problemas inherentes a las contrataciones públicas agregando mayor transparencia. Además, es crucial que fomente una gestión sostenible y eficiente, garantizando así una administración pública de valor, en la cual la ciudadanía confíe a plenitud, entre los que podría mencionar: 1. Depuración del proveedor contratante desde el sistema electrónico. 2. Fortalecimiento y revisión de las prohibiciones para contratar con el Estado, implementando herramientas tecnológicas que puedan reforzar dicha identificación.

Como docente en esta área, celebro la importancia que se otorga a la capacitación continua de los actores involucrados, pues desde mi perspectiva considero que este ha sido uno de los principales obstáculos que ha enfrentado desde siempre la gestión pública e invito a las entidades contratantes, proveedores e involucrados a no temer autoevaluarse y ajustar las veces que sea necesario.

Por último, la implementación efectiva del Decreto 416-23, es un desafío, que requiere la colaboración de todos los sectores para garantizar que las reformas se traduzcan en resultados tangibles. Es un desafío que vale la pena asumir.

*La autora es abogada, docente y especialista en compras y contrataciones

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