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RD participa en el 15.º Período de Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

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Viena, Austria. – La República Dominicana, representada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la corrupción durante su intervención en el 15º Período de Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en Viena, Austria.

Entre los logros destacados, se mencionó la presidencia pro tempore del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos y la presidencia del Consejo Directivo de la Red de Transparencia y Acceso a la Información para el período 2024-2027.

También, se resaltó la presidencia de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA.

Asimismo, se ponderó la visita in situ de la Comisión de Expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en noviembre de 2023, en la que participaron examinadores de Surinam y Rumanía, la cual permitió evaluar el Informe País de la República Dominicana sobre el cumplimiento de los capítulos II y V de la Convención de Lucha contra la Corrupción.

“Esta misión se llevó a cabo con la participación de 18 Comisiones Nacionales que representan los Poderes Constitucionales de la República Dominicana y varias organizaciones de la sociedad civil. Las recomendaciones emanadas de esta visita se encuentran en proceso de finalización y se espera que contribuyan a seguir avanzando en la lucha contra la corrupción”, se enfatizó.

En términos legislativos, el Gobierno presentó la aprobación de la Ley No. 340-22, que regula el proceso de Extinción de Dominio de los Bienes Ilícitos, y la Ley No. 60-23, para la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio.

Estas leyes establecen los procedimientos para hacer efectivas sus disposiciones y definen las competencias de las autoridades responsables.

La independencia de las autoridades electorales, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, y de la Procuraduría General de la República en la persecución del delito, marcan un hito significativo en la consolidación y fortalecimiento de las instituciones correspondientes. Este avance se extendió a la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y otros organismos constitucionalizados, para garantizar un proceso transparente y autónomo, alejado de las prácticas del pasado que favorecían el control del Poder Judicial y fomentaban la impunidad. Este compromiso con la justicia y la independencia institucional refuerza la confianza pública en un sistema legal que prioriza el estado de derecho y el combate a la corrupción.

En particular, se destacaron los avances en los 14 casos judiciales que fueron comentados el pasado año y ya están acercándose a juicio de fondo. Aunque se advierten estrategias de la defensa para ralentizar la clasificación de estos, es relevante la presencia de testigos acogidos al “criterio de oportunidad”, así como el cúmulo de pruebas presentadas y la representación del Estado como reclamante de los fondos públicos sustraídos al presupuesto nacional de sumas millonarias.

Este proceso se desarrolló en un ambiente de colectividad conectada, en la que ha reinado la libertad de expresión, dentro del debido proceso, el rol del Poder Judicial y la labor que desempeñan juristas, defensores, jueces y procuradores, donde se esperan decisiones justas.

Se destacó el trabajo de la Digeig en la creación y fortalecimiento de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (Cigcn), presentes en 208 instituciones del Estado, y en la implementación de normas internacionales de gestión de riesgos y antisoborno.

En el ámbito de la transparencia, se informó que, el país ha elaborado el Primer Plan de Apertura de Datos y ha puesto en marcha un nuevo Portal Nacional de Datos Abiertos. Además, se ha iniciado la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción con el apoyo de la OEA y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Se inauguró la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública en diez gobernaciones piloto, lo cual marca un paso crucial hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Con esta iniciativa, se ha iniciado el proceso de monitoreo y evaluación de los Portales de Transparencia de estas gobernaciones, en cumplimiento del compromiso No. 3 del V Plan de Acción de Gobierno Abierto. Este esfuerzo refleja el esfuerzo continuo del gobierno para fortalecer la transparencia, promover la participación ciudadana y garantizar que la información pública esté accesible para todos, consolidando así una gestión pública más abierta y responsable.

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