El analista alerta que la injerencia y la violencia institucional desde cargos de autoridad vulneran la Constitución y degradan la democracia
En una reflexión de alto calado jurídico y ético, Rafael Menoscal Reynoso llamó la atención sobre la fragilidad del principio de legalidad frente a prácticas de abuso de poder que persisten en la administración pública dominicana, pese a los mandatos claros de la Constitución. Sus planteamientos colocan en el centro del debate nacional una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿qué ocurre cuando quienes están llamados a garantizar la ley se convierten en sus principales transgresores?
Menoscal recordó que el principio de legalidad no es una abstracción académica ni una fórmula retórica, sino uno de los pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho. Su función —subrayó— es limitar el ejercicio del poder, prevenir la arbitrariedad y contener toda forma de violencia institucional, especialmente aquella que se manifiesta mediante abusos de autoridad, injerencias indebidas y conductas que lesionan derechos fundamentales dentro del aparato estatal.
Desde esa perspectiva, el analista enfatizó que la Constitución dominicana es inequívoca: ninguna autoridad, por alta que sea su investidura, está por encima del ordenamiento jurídico. La autonomía institucional, sostuvo, solo puede entenderse dentro de los márgenes de la ley y jamás como licencia para imponer voluntades personales, presionar subordinados o degradar la dignidad humana desde posiciones de poder.
En su análisis, Menoscal fue más allá de lo estrictamente normativo y abordó una dimensión frecuentemente silenciada: la relación entre abuso de poder, violencia psicológica y violencia de género ejercidas desde cargos de autoridad. Señaló que cuando el poder se desnaturaliza y se convierte en dominación, la legalidad se vacía de contenido y el Estado comienza a reproducir formas de violencia que dice combatir.
A juicio del analista, los ministros y altos funcionarios están llamados a ejercer liderazgo, no intimidación; a dirigir con apego a resultados, ética y transparencia, no mediante el miedo o la humillación; a ser garantes de la rectoría legal, no protagonistas de injerencias ni arbitrariedades que erosionan la confianza pública.
En ese contexto, calificó como especialmente grave e indignante cualquier atropello cometido por un ministro contra una servidora pública, poniendo de ejemplo lo ocurrido con una funcionaria de la Dirección General de Impuestos Internos, subrayando que cuando la víctima es una mujer, el hecho adquiere una connotación aún más alarmante. No se trata —advirtió— de un conflicto administrativo menor, sino de una señal de deterioro institucional que compromete la credibilidad del Estado y pone en entredicho su compromiso con los derechos fundamentales.
Las reflexiones de Menoscal Reynoso no solo interpelan a las autoridades, sino también a la sociedad en su conjunto. En su planteamiento subyace una advertencia clara: sin respeto estricto al principio de legalidad, la democracia se vuelve frágil, el poder se desborda y la violencia institucional se normaliza bajo el silencio cómplice de las instituciones.
Como cada semana, se difunde a través de tres emisiones diarias de Teleradio América, del programa interactivo El Rumbo de la Tarde y del periódico Panorama, espacios desde los cuales la voz de Rafael Menoscal Reynoso se ha consolidado como una referencia constante en el debate público nacional sobre democracia, transparencia e institucionalidad.
