Advierte que imponer la unión entre Educación y Educación Superior podría generar conflictos en el sector más sensible de la nación
En una de sus intervenciones más directas y políticamente incisivas, Rafael Menoscal Reynoso lanzó un llamado público al Poder Ejecutivo para que retire el proyecto que propone fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, advirtiendo que aún es tiempo de rectificar antes de provocar un conflicto mayor en el corazón mismo del país: su sistema educativo.
“Aun con las adversidades que ha venido teniendo el gobierno, nunca es tarde para rectificar una disposición que crea conflicto público”, sostiene el director de País Dominicano Temático, colocando el debate en un plano de responsabilidad histórica más que de confrontación coyuntural.
La propuesta de fusión, lejos de encontrar consenso, ha provocado una reacción amplia y transversal. Menoscal enumera un frente inusual de coincidencias: la Asociación Dominicana de Profesores, FAPROUASD, EDUCA, universidades privadas, académicos, intelectuales, legisladores y partidos políticos. Sectores que rara vez convergen en una misma postura hoy coinciden en una oposición firme.
“No es sensato irse contra la amplia corriente de actores importantes del sector educativo”, advierte. En su reflexión, el problema no es solo administrativo o presupuestario; es estructural. Se trata de la arquitectura institucional que sostiene la formación de millones de estudiantes y la proyección científica y tecnológica del país.
El tono de la columna no deja espacio para ambigüedades. Menoscal alerta que las imposiciones “nunca son buenas consejeras” y que las consecuencias de avanzar sin consenso podrían resultar “demoledoras”. La palabra no es casual: evoca fracturas profundas, desconfianza institucional y debilitamiento de la gobernanza educativa.
El comunicador se pregunta por qué insistir en un proyecto que enfrenta al gobierno con prácticamente todo el ecosistema educativo nacional. ¿Por qué tensionar al país en un ámbito tan delicado? ¿Por qué arriesgar la estabilidad de un sector que constituye la base del desarrollo social y económico?
En su planteamiento subyace una preocupación mayor: cuando una política pública carece de legitimidad social, el costo político y moral puede superar cualquier beneficio técnico que se pretenda alcanzar. La educación, recuerda implícitamente, no es un ministerio más; es el tejido que articula ciudadanía, productividad y cohesión nacional.
Menoscal también desliza interrogantes de fondo que trascienden el debate administrativo: ¿qué intereses podrían estar impulsando esta reforma por encima de la opinión mayoritaria del país? ¿Qué motivaciones pesan más que la voluntad colectiva expresada por los principales actores del sector?
Su exhortación final es clara y contundente: “Escuchen la voz de su país, no la de asesores insensatos”. No es una frase de cierre retórica, sino un llamado a la prudencia política y al diálogo democrático.
En un contexto donde las reformas estructurales exigen legitimidad y consenso, la advertencia de Menoscal Reynoso se inscribe como una invitación a detener el paso, revisar el rumbo y colocar el interés nacional por encima de cualquier cálculo circunstancial. Porque, como sugiere entre líneas, cuando se trata de educación, el margen de error es mínimo y el costo del desacierto puede pagarse por generaciones.
