Estipulan sanciones de hasta 10 % de las ventas brutas anuales en proyecto de ley. Se otorgarán programas de clemencia a quien contribuya con las autoridades

La fiscalización de las prácticas anticompetitivas en el mercado dominicano por parte de las autoridades sigue siendo limitada: por ley, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) solo puede mediar entre las partes afectadas y ordenar al infractor el cese de su conducta, sin que hayan medidas efectivas que eviten su reincidencia en incumplir las normas.

Un régimen de sanciones escalonadas podría ser, a juicio de la presidenta de Pro Competencia, María Elena Vásquez Taveras, una manera viable y efectiva para prevenir que personas físicas y jurídicas traten de distorsionar el mercado a su favor sin consecuencias reales.

En el anteproyecto de modificación a la Ley General 42-08 sobre la Defensa de la Competencia se propone un régimen sancionatorio proporcional a las ventas brutas de cada empresa, catalogando las infracciones en tres niveles: leves, graves o muy graves.

En el caso de infracciones leves –como inclumplimientos menores o administrativos–, ProCompetencia tendría la facultad de multar al infractor a pagar el equivalente al 1 % de sus ingresos brutos conforme al ejercicio fiscal anterior. 

Para las infracciones graves –prácticas de competencia desleal o ejecución de concentraciones sin notificación previa, la multa podría ser de hasta un 5 % de los ingresos brutos. En tanto, las infracciones muy graves –como prácticas concertadas o abuso de posición dominante– la multa escala hasta el 10 % de los ingresos brutos.