El proyecto de Ley Orgánica de Pensión Alimenticia planea restricciones a padres que incumplan con la manutención de sus hijos

Los padres que incumplan con la manutención de sus hijos podrían enfrentar severas restricciones, como la imposibilidad de renovar licencias, salir del país e incluso ser deportados si residen en el extranjero, de aprobarse un proyecto de Ley Orgánica de Pensión Alimenticia depositado este miércoles en la Cámara de Diputados por el legislador Carlos De Pérez, representante de la Fuerza del Pueblo por La Romana.

Si un hombre es descartado como padre, la mujer tendrá que devolverle todo lo que invirtió por concepto de pensión alimenticia.

La iniciativa busca transformar el actual sistema mediante mecanismos más estrictos de control y sanción, incorporando herramientas tecnológicas para garantizar el cumplimiento de esta obligación legal.

Uno de los pilares del proyecto es la creación del Registro Nacional de Alimentantes (RENADA), que permitirá al Estado monitorear en tiempo real a los obligados, gracias a su interconexión con instituciones clave como el Poder Judicial, la Junta Central Electoral y el sistema financiero.

Este sistema permitiría activar alertas automáticas de incumplimiento y aplicar medidas de apremio apenas cinco días después del vencimiento, sin necesidad de que el afectado inicie un proceso judicial.

El proyecto también apuesta por la transparencia mediante la bancarización obligatoria de los pagos, asegurando que cada transacción quede registrada y supervisada.

En el plano económico, se introduce la indexación automática de las pensiones conforme a la inflación, junto con la retroactividad de la deuda desde el momento de la demanda y su carácter imprescriptible mientras el beneficiario sea menor de edad.

La propuesta legislativa plantea, además, un sistema más ágil, oral y eficaz, dejando atrás los procesos burocráticos que han dificultado históricamente el cumplimiento de esta obligación.

En cuanto al régimen de consecuencias, los deudores podrían enfrentar restricciones en su vida civil, incluyendo la imposibilidad de renovar documentos oficiales, realizar determinadas actividades comerciales o salir del país.

También se contempla el arresto nocturno como medida de presión, sin afectar la capacidad laboral del obligado.

El alcance de la ley se amplía al establecer que la obligación de pago podría extenderse hasta los 21 años si el beneficiario continúa sus estudios, reconocer el derecho a pensión desde la etapa prenatal e incorporar la responsabilidad de los hijos hacia padres en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, el proyecto incluye mecanismos de cooperación internacional, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, para localizar y exigir el cumplimiento a deudores en el extranjero.

De manera paralela, se propone la creación de un Fondo de Emergencia de Sustento Alimentario para garantizar cobertura en casos de insolvencia comprobada.

El legislador destacó que la iniciativa busca equilibrar derechos y deberes dentro del sistema: “Esta ley no tiene sexo; la persona demandada es quien debe probar sus ingresos. Además, quien administra la pensión debe detallar en qué usa el dinero. Si un hombre es descartado como padre, la mujer tendrá que devolverle todo lo que invirtió por concepto de pensión alimenticia”, afirmó.

Con esta propuesta, se pretende fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y establecer consecuencias claras para quienes incumplan con esta responsabilidad.