La inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal de la República Dominicana, Ley núm. 74-25, el 3 de agosto de 2025, y promulgada el 5 de agosto de ese año, viene generado una serie de preocupaciones en actores de la comunidad jurídica y otras áreas, que incluye a juristas, académicos e instituciones.
Es un punto común de esas inquietudes que el texto del Código establece un régimen penal con ambigüedades, duplicidades e incoherencias que tras su entrada en vigencia crearían graves lesiones al sistema de justicia penal, deteriorando la armonía que debe existir entre las normas que conforman el bloque de constitucionalidad en el marco de nuestra Constitución.
Dada la cercanía de la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Penal, establecido en su art. 393 para el 5 de agosto de este año, y en aras de crear las condiciones para superar la grave situación descrita, FINJUS solicita al Presidente de la República que presente un proyecto de ley al Congreso de la República para modificar el citado art. 393, para que la entrada en vigor se extienda por un plazo mayor, y se puedan realizar las consultas, establecer los consensos y crear las condiciones para que el Código comience a implementarse revestido de las garantías y atributos que señala la Constitución de la República.
En el periodo de la extensión del vacatio legis los actores del sistema penal, la Consultoría Jurídica del poder Ejecutivo y demás sectores implicados, podrán encontrar las vías para superar los problemas detectados.
FINJUS valora el compromiso del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República para establecer las mejores condiciones que garanticen que el nuevo Código Penal, liberado de las tensiones señaladas, se convierta en uno de los instrumentos clave para garantizar los valores que proclama la Constitución para fortalecer el orden democrático, la seguridad jurídica y la convivencia pacifica en el país.
