La entidad plantea extender el período de vacatio legis de la Ley 74-25 y advierte que el país aún está a tiempo de fortalecer una reforma histórica antes de que comience a aplicarse el próximo 3 de agosto
Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) propuso al Congreso Nacional posponer la entrada en vigencia del nuevo Código Penal mediante una ampliación del período de vacatio legis, al considerar que la Ley 74-25 todavía requiere ajustes técnicos y constitucionales que deben realizarse antes de que comience a producir efectos jurídicos.
La organización entiende que el país no debe desaprovechar la oportunidad de perfeccionar una de las reformas legislativas más importantes de las últimas décadas. A su juicio, unas semanas adicionales de revisión permitirían corregir disposiciones que presentan problemas de técnica legislativa, posibles conflictos constitucionales, vacíos normativos y contradicciones que podrían generar inseguridad jurídica desde el inicio de la aplicación del nuevo Código.
La propuesta surge en un momento decisivo para el proceso legislativo. Mientras el Congreso conoce las modificaciones planteadas por diversos sectores, FINJUS sostiene que la prioridad no debe ser únicamente que el nuevo Código Penal entre en vigor dentro del plazo previsto, sino garantizar que lo haga con la mayor solidez jurídica posible y con un texto capaz de ofrecer estabilidad al sistema de justicia durante las próximas décadas.
Más que solicitar un simple aplazamiento, la institución plantea aprovechar ese tiempo para completar una revisión técnica integral del Código Penal. Su posición parte de que una legislación llamada a sustituir un Código con más de un siglo de vigencia debe iniciar su aplicación libre de inconsistencias que posteriormente obliguen a nuevas reformas legislativas o a prolongados litigios ante los tribunales.
En ese sentido, FINJUS propone que el Congreso conforme una comisión bicameral especializada encargada de sistematizar las observaciones presentadas por los distintos sectores de la sociedad y evaluar las correcciones necesarias antes de la entrada en vigor de la Ley 74-25. La entidad considera que el período de vacatio legis actualmente establecido resulta insuficiente para realizar una revisión de la profundidad que demanda una reforma penal de esta magnitud.
La fundación aclara que su planteamiento no busca detener la modernización del sistema penal dominicano. Por el contrario, reconoce que el nuevo Código Penal constituye una reforma histórica y necesaria para sustituir una legislación cuya estructura fundamental se remonta al siglo XIX. Precisamente por esa trascendencia, sostiene que el país debe asegurarse de que la nueva normativa nazca fortalecida, técnicamente depurada y plenamente armonizada con la Constitución.
Como fundamento de su propuesta de ampliar el plazo de entrada en vigencia, FINJUS identifica numerosas disposiciones que, a su juicio, ameritan revisión antes de comenzar a aplicarse. Entre ellas figuran normas relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la libertad de expresión, el acto médico, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses, la invasión de propiedad, el hostigamiento y ciberhostigamiento, el ultraje, así como diversas figuras vinculadas al debido proceso y la protección de derechos fundamentales.
Asimismo, expresa preocupación por algunas modificaciones actualmente en discusión en el Congreso, especialmente aquellas que reducirían el plazo especial de prescripción para delitos sexuales cometidos contra niños, niñas, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad. La entidad considera que esa modificación implicaría un retroceso frente a la protección reforzada que reconoce la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.
FINJUS sostiene que extender la vacatio legis no debe interpretarse como un retraso en la reforma, sino como una medida de prudencia legislativa destinada a consolidar un Código Penal más sólido y estable. Advierte que corregir ahora las deficiencias detectadas evitaría que, una vez la ley entre en vigencia, sean los tribunales quienes deban resolver mediante interpretación problemas que todavía pueden ser solucionados por el Congreso Nacional.
La institución entiende que el momento actual representa la última oportunidad para perfeccionar el texto antes de que la nueva legislación comience a regir. Dejar pasar esa oportunidad, afirma, significaría asumir el riesgo de inaugurar una reforma llamada a transformar el sistema penal dominicano con disposiciones que podrían generar controversias constitucionales, interpretaciones contradictorias y posteriores modificaciones legislativas.
En sus consideraciones finales, FINJUS reitera que el objetivo de su propuesta es fortalecer el nuevo Código Penal y no retrasar su implementación. A su juicio, ampliar el período de entrada en vigencia constituye una decisión de responsabilidad institucional que permitiría entregar al país una legislación más coherente, más segura y con mayores garantías de estabilidad para las próximas generaciones.
