Empresarios advierten que el aumento de arbitrios y el esquema de cobro de la gestión de residuos elevan los costos de las empresas formales y afectan la competitividad
El aumento de algunos arbitrios municipales y las alzas contempladas en la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos están elevando los costos operativos de las empresas formales, en un contexto de crecimiento moderado del sector comercio.
Así lo advirtieron directivos de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), quienes señalaron que diversos arbitrios municipales han registrado incrementos en los últimos meses, situación que, a su juicio, encarece la actividad empresarial formal y genera incertidumbre por los cambios en las reglas tributarias.
Las consideraciones fueron expuestas por el presidente de la UNE, Julio García Batista; la vicepresidenta y tesorera, Desiree León, y los expresidentes Leonel Castellanos Duarte y Miguel Dauhajre, durante el Encuentro Económico de HOY, donde plantearon ajustes que, según afirmaron, harían más equitativo el cobro de algunos tributos municipales.
Dauhajre citó como ejemplo el incremento del arbitrio municipal conocido entre los comerciantes como “la rampa”, aplicado a los establecimientos por las áreas de acceso vehicular. Explicó que el monto pasó de aproximadamente RD$130 a más de RD$1,000 por metro.
Indicó que un intento anterior de aumentar esa tasa no fue aprobado, pero posteriormente el cobro fue incorporado bajo otra denominación.
Añadió que, en muchos casos, las rampas ubicadas en propiedades privadas también cumplen una función de uso público, al facilitar el acceso peatonal o vehicular a espacios comunes durante determinadas horas, aspecto que, consideró, debería tomarse en cuenta al momento de fijar el monto del arbitrio.
Otra preocupación del sector comercial es el método utilizado para calcular la tarifa por la gestión de residuos sólidos, luego de la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Según explicaron, el monto que paga cada empresa se determina principalmente en función de su volumen de ventas y no de la cantidad de residuos que realmente genera.
García Batista puso como ejemplo que una oficina con una baja generación de desechos puede terminar pagando una tarifa similar a la de un establecimiento comercial que produce un volumen mucho mayor de residuos, siempre que ambos registren niveles de facturación comparables.
Ante esta situación, la UNE propone que, antes de aplicar el cobro, las empresas sean clasificadas según su actividad económica y la cantidad real de residuos que generan, para establecer tarifas diferenciadas de acuerdo con cada categoría.
Según estimaciones divulgadas tras la aprobación de la reforma, el nuevo esquema de contribuciones podría elevar los ingresos del fideicomiso DO Sostenible desde alrededor de RD$3,000 millones hasta cerca de RD$9,000 millones al año. García Batista señaló que, tras varios años de aplicación de este impuesto, el sector empresarial considera conveniente que las autoridades publiquen informes periódicos sobre el uso de esos recursos y los resultados obtenidos, con el fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
