En un diagnóstico basado en el análisis de tres décadas de indicadores en la región, el BID advierte que es clave bajar el costode formalizarse
Como si hubiera sido hecho a la medida del momento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó este lunes, precisamente cuando en la República Dominicana se discute una reforma del Código de Trabajo y se impulsa un plan para incorporar a miles de trabajadores a la formalidad, un estudio que lanza una advertencia contundente: sin una reforma laboral que reduzca el costo de la formalización, los países de América Latina y el Caribe —entre ellos, naturalmente, la República Dominicana— difícilmente lograrán avanzar de manera significativa en la formalización del empleo y en el aumento de una productividad que lleva décadas estancada.
Esa reforma debe convertirse, además, en un catalizador del cambio que el país necesita: pasar de un modelo de crecimiento sustentado principalmente en sectores dinámicos, como el turismo y la construcción, a otro cuyo motor sea el incremento de la productividad laboral, único camino capaz de sostener aumentos permanentes en los ingresos y el bienestar.
Las cifras son elocuentes. La productividad de América Latina y el Caribe equivale apenas al 26 % de la registrada en Estados Unidos. Mientras tanto, los ingresos laborales reales de la región crecieron solo un 18 % entre 1995 y 2024, frente a un aumento cercano al 31 % en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Cifras del propio BID indican que la productividad laboral de la República Dominicana ronda los US$44,600 por trabajador, mientras que el promedio de la OCDE se sitúa en torno a los US$95,600. En otras palabras, el país genera menos de la mitad de la producción por trabajador que una economía avanzada.
La productividad laboral —que mide la producción promedio por trabajador— permanece prácticamente estancada desde hace décadas. Su crecimiento en los últimos veinte años ha sido exiguo, muy inferior al observado en otras regiones del mundo, ampliando aún más la brecha con las economías más desarrolladas.
La dimensión del rezago queda en evidencia en un dato revelador: la región necesita casi cuatro trabajadores para producir lo mismo que genera un solo trabajador estadounidense. Esta realidad es especialmente preocupante porque el crecimiento sostenido de la productividad es una condición indispensable para crear empleos de calidad, elevar los salarios y fortalecer la competitividad.
El desafío será aún mayor en los próximos años. A medida que el crecimiento de la población económicamente activa se desacelera por el envejecimiento demográfico, el aumento de la productividad de la fuerza laboral existente será cada vez más determinante para sostener el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida.
El estudio también advierte que la región no solo ha sido incapaz de cerrar la brecha con las economías avanzadas, sino que continúa rezagándose. Durante los últimos treinta años, el ingreso laboral real por trabajador aumentó apenas un 18 %, muy por debajo del incremento de alrededor del 30 % registrado en los países de la OCDE.
A ello se suma el estancamiento de la productividad total de los factores (PTF), que durante décadas ha aportado muy poco al crecimiento del producto interno bruto (PIB), limitando la capacidad de las economías para expandirse de manera sostenida.
Sin embargo, el principal obstáculo para elevar la productividad sigue siendo la elevada informalidad laboral. El BID señala que apenas el 46 % de los trabajadores de América Latina y el Caribe tiene un empleo formal con cobertura de seguridad social. Más preocupante aún, la informalidad apenas se redujo ocho puntos porcentuales en veinte años. Si la región mantiene ese ritmo, necesitaría más de ocho décadas para alcanzar niveles similares a los de Uruguay, donde la informalidad ronda el 21 %.
Para revertir esta situación, el organismo plantea la necesidad de emprender reformas laborales que, entre otras medidas, reduzcan los costos laborales no salariales. De acuerdo con estudios del propio BID, los empleadores de la región pagan, en promedio, un 50 % adicional sobre el salario en costos no salariales, principalmente por concepto de contribuciones a la seguridad social y obligaciones derivadas de la regulación laboral. En la República Dominicana, un estudio del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) concluye que esa carga también ronda el 50 % para un trabajador con un año de antigüedad.
El mensaje del BID resulta particularmente oportuno para el debate que hoy vive la República Dominicana. La formalización del empleo no depende únicamente de una mayor fiscalización o de campañas para registrar trabajadores; requiere un marco regulatorio que haga de la formalidad una opción económicamente viable para las empresas. Solo así será posible romper el círculo vicioso de baja productividad, alta informalidad y escaso crecimiento de los ingresos que ha limitado durante décadas el potencial de desarrollo de la región.
