Ministerio Público pidió que fuera rechazada la solicitud de extinción
Después de cinco años y un mes de haber sido sometido a la Justicia el exprocurador Jean Alain Rodríguez solicitó la extinción de la acción penal porque ningún tribunal se ha pronunciado con relación al fondo del proceso a pesar de que lleva más de cuatro años en los tribunales.
La decisión será pronunciada el próximo lunes 17 de agosto por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, Yisell Soto y Clara Castillo.
La solicitud extinción fue solicitada por los abogados del exprocurador, Carlos Balcácer y Nelly Rivas, quienes pidieron al tribunal declarar extinguida la acción penal y ordenar el cierre definitivo del caso, argumentando que el proceso está a punto de superar los seis años de duración, un retraso que, según sostienen, es enteramente atribuible al ministerio público.
El exfuncionario fue sometido y presentado ante el juez de Instrucción para conocerle medida de coerción el día 29 de junio 2021 junto a otros imputados entre ellos Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza acusados de lavado de activos, estafa y asociación de malhechores.
El operativo denominado “Operación Medusa” fue puesto en marcha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República
Ahora la defensa técnica de Rodríguez señaló al tribunal que procede la extinción de proceso judicial sustentada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece en cuatro años el plazo razonable en materia penal, así como la Ley 97-25, que restringe las causales para prorrogar ese plazo a casos de fuga, rebeldía o dilaciones justificadas mediante resolución motivada emitida en su momento, circunstancias que según la defensa no se configuran en este expediente.
Sin embargo, el Ministerio Público representado por el director general de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirta Ortiz, pidieron al tribunal rechazar la solicitud argumentando que la extinción procesal es una sanción reservada para casos de inactividad o conducta defectuosa de las partes, no un recurso aplicable cuando el retraso se debe a la complejidad del expediente.
