El INACIF confirma que una de las firmas en los documentos investigados no corresponde al funcionario atribuido
La jueza Francis Diloné, del Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, impuso tres meses de prisión preventiva al médico Yorkys Darío Espiritusanto Núñez, investigado por la presunta falsificación de documentos que habrían sido utilizados para sustentar declaraciones de nacimiento de personas extranjeras como ocurridas en República Dominicana.
Espiritusanto Núñez deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-14) de Anamuya, en Higüey.
El caso salió a la luz luego de que el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia detectara documentos que, según sus autoridades, utilizaban el logotipo y el sello de la institución, además de firmas atribuidas a funcionarios del centro, pese a que presuntamente no habían sido expedidos mediante los mecanismos oficiales.
El hospital presentó una querella formal contra el médico y entregó al Ministerio Público los documentos que considera irregulares.
Una empleada dio la voz de alerta
El director del hospital, Juan Félix Medina Santana, explicó que una empleada detectó inicialmente las presuntas irregularidades y alertó a las autoridades del centro.
A partir de esa información, el hospital realizó una revisión interna de la documentación y detectó certificados que, de acuerdo con Santana, no habían sido generados mediante los procedimientos institucionales.
El funcionario aseguró que en varios de los documentos aparece una firma atribuida a él, además del sello del hospital.
También se investiga el supuesto uso de la firma de un antiguo subdirector del establecimiento de salud, identificado como el doctor Rodríguez Reyes.
“Según comentan en los pasillos, que no lo puedo afirmar, se dice que hace tiempo él está incurriendo en actos indecorosos para el centro”, declaró Santana, dejando claro que no podía confirmar personalmente desde cuándo se habrían producido las presuntas irregularidades.
INACIF analizó una de las firmas
Manuel Alejandro Rodríguez Carpio, abogado y representante jurídico del hospital, informó que entre las evidencias presentadas al tribunal figura un análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Según el abogado, el peritaje estableció que una de las firmas contenidas en los documentos investigados no corresponde con la rúbrica auténtica del funcionario a quien se atribuye.
“En el INACIF se determinó que la firma que tienen los documentos no es la misma”, afirmó.
Rodríguez Carpio sostuvo además que, conforme a la investigación, el médico habría mandado a fabricar en una imprenta un sello parecido al utilizado por el director del centro.
“Realizó un sello similar al que usa el director para firmar los documentos del centro“, indicó.
La relevancia del documento radica en que el certificado de nacido vivo es una de las piezas que permiten acreditar ante el Registro Civil que un nacimiento efectivamente ocurrió.
La Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, establece que el nacimiento debe acreditarse ante el oficial civil mediante la verificación o autenticación del certificado de nacido vivo expedido por el médico que participó en el parto o por la autoridad médica del hospital o clínica donde ocurrió.
La misma legislación dispone que una declaración del estado civil sustentada en pruebas falsas que pueda alterar la filiación, la nacionalidad u otro atributo de la personalidad jurídica puede ser anulada judicialmente y que los responsables pueden ser sometidos ante los tribunales por falsedad en escritura pública.
Es precisamente por esa función dentro del sistema de registro que las autoridades buscan determinar cuántos certificados presuntamente falsos pudieron haber sido confeccionados, quiénes los utilizaron y qué trámites se realizaron posteriormente con ellos.
JCE revisa los documentos
Santana aseguró que la Junta Central Electoral (JCE) se encuentra revisando la documentación relacionada con el expediente para determinar hasta dónde llegaron las presuntas irregularidades.
El director del hospital explicó que los trámites bajo investigación no habrían sido realizados en la delegación de la JCE que funciona dentro del propio centro asistencial, sino en otra dependencia del organismo electoral.
Todavía no se ha establecido públicamente cuántos documentos están involucrados, cuántas personas pudieron beneficiarse de ellos ni si existen registros que deban ser anulados.
Tampoco se ha determinado si el médico habría actuado solo.
Mientras avanzan esas pesquisas, Espiritusanto Núñez permanecerá recluido en el CCR-14 de Anamuya por disposición del tribunal.
