Brasilia.- Más de 60 diputados brasileños presentaron un proyecto de ley destinado a impedir que sanciones unilaterales de gobiernos extranjeros, incluidas las de Estados Unidos, produzcan efectos jurídicos en territorio nacional, informó hoy ICL Notícias.
La iniciativa, liderada por el diputado Pedro Uczai, del Partido de los Trabajadores (PT), busca proteger a personas y empresas brasileñas frente a medidas extraterritoriales que puedan afectar actividades desarrolladas legalmente en Brasil.
El proyecto establece que las compañías nacionales no podrán ejecutar determinaciones emanadas exclusivamente de autoridades extranjeras cuando estas contradigan la legislación brasileña, apuntó el portal.
La propuesta tampoco permitiría que sanciones externas determinen bloqueos de activos ubicados en Brasil sin autorización de una autoridad nacional competente.
Entre las medidas que quedarían neutralizadas figuran las sanciones económicas secundarias y restricciones al comercio, las inversiones, el financiamiento y la prestación de servicios autorizados por las leyes brasileñas.
Asimismo, las empresas que operan en el país no podrían interrumpir contratos, suspender el suministro de bienes o servicios, cerrar cuentas bancarias, negar créditos, bloquear pagos o restringir el acceso a plataformas, sistemas tecnológicos o servicios digitales únicamente por cumplir una sanción extranjera.
El texto prevé multas para las compañías que incumplan las disposiciones, con valores de entre 0,1 y 20 por ciento de la facturación bruta del grupo económico, hasta un límite de 500 millones de reales, además de la posibilidad de poner fin a contratos públicos.
Los autores sostienen que la propuesta pretende preservar la soberanía económica brasileña y la competencia de las autoridades nacionales para regular las actividades desarrolladas dentro del territorio.
La iniciativa establece, no obstante, excepciones para las obligaciones internacionales asumidas por Brasil y las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Según sus impulsores, el proyecto responde al aumento de las sanciones financieras y económicas aplicadas por el Gobierno del presidente Donald Trump, que en los últimos meses alcanzaron a ministros del Supremo Tribunal Federal y funcionarios brasileños, además de generar presiones sobre empresas nacionales.
Los diputados argumentan que las medidas extraterritoriales pueden llevar a compañías brasileñas a modificar contratos, inversiones y operaciones no por exigencias de la legislación nacional, sino para evitar posibles represalias de gobiernos extranjeros.
El proyecto señala como antecedente el denominado Blocking Statute de la Unión Europea, que establece mecanismos para impedir que determinadas medidas extraterritoriales produzcan efectos en territorio europeo.
