Proyectos han sido sometidos desde el 2019, sin ser aprobados, incluido uno presentado por la JCE en 2022
Con el proyecto de ley presentado en esta semana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) a su bloque de senadores, que propone modificaciones a diversos artículos de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, son varias las piezas sometidas en el Congreso Nacional que buscan producir cambios a dicha legislación. Sin embargo, ninguna ha prosperado hasta el momento.
El marco de ley “para la integridad, el control del financiamiento y la prevención de la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política”, enviado a una comisión especial del Senado, tiene el propósito -tal como su nombre indica- de fortalecer la integridad del sistema de partidos, reforzar los mecanismos de control del financiamiento político y prevenir la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política.
Si bien se han hecho intentos de modificar la Ley 33-18 mediante la introducción de proyectos de ley en las cámaras legislativas, la realidad es que estos “mueren” en el órgano bicameral sin siquiera que las comisiones a cargo rindan un informe final sobre los mismos.
Uno de los proyectos más conocidos de modificación a la referida ley fue sometido por la Junta Central Electoral (JCE) en el Senado y la Cámara de Diputados en abril de 2022 junto a otro proyecto que transformaba la entonces Ley 15-19, del Régimen Electoral, el cual sí prosperó (hoy es la Ley 20-23).
La fracasada reforma a la Ley 33-18 buscaba reorganizar los artículos sancionadores (modificaciones a los arts. 78, 79 y 81 y eliminación del 80); redefinir con claridad las infracciones administrativas de los partidos; diferenciar las faltas administrativas de delitos penales; establecer sanciones más proporcionales y aplicables. El marco de ley perimió la noche del 12 de enero de 2023 y desde entonces no ha sido reintroducido.
En la sesión del 6 de abril de 2022, el pleno del Senado aprobó la conformación de la comisión especial para estudiar ambos proyectos de ley, la cual decidió priorizar la reforma del Régimen Electoral. La comitiva logró rendir sólo un informe de gestión firmado el 1 de junio de ese año.
El equipo senatorial estuvo integrado por Ricardo de los Santos, presidente; Faride Raful, Dionis Sánchez, Yván Lorenzo, Antonio Tavéras, Ramón Genao, Félix Bautista, Melania Salvador y Milcíades Franjul.
Pieza de la exdiputada Faride Raful
Años antes, en diciembre de 2019, la entonces diputada perremeísta Faride Raful sometió en la Cámara Baja un proyecto de ley para modificar la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la del Régimen Electoral.
La iniciativa fue presentada apenas meses después de la promulgación de la Ley 15-19 y a un poco más de un año de la Ley 33-18. El proyecto de ley caducó en el Congreso.
El pliego de ley buscaba incluir nuevas normas al delito y crímenes electorales, relacionados con el uso de bienes, servicios y/o recursos públicos, así como de incrementar las sanciones de infracción que ya estaban puestas en ejecución.
De igual manera, impedir a los funcionarios y ejecutivos de las entidades de intermediación financiera, con capital estatal o público de más de un 50%, otorgar facilidades de crédito de cualquier naturaleza durante los períodos de precampaña y campaña electoral.
Asimismo, disponía sanción contra el uso, en los procesos eleccionarios internos y generales, de figuras, símbolos, expresiones y mecanismos que denigren la condición humana y la dignidad de una o más personas o de candidatos.
Paridad de género, por 14 diputadas del PRM
El Congreso Nacional también dejó “morir” el proyecto de ley que establece la paridad de género en el sistema electoral dominicano, el cual modifica los artículos 53 y 136 de la Ley 33-18, para obligar a los partidos a reservar el 50 % de sus candidaturas a cargos de elección popular en todos los niveles electorales de la República Dominicana.
La iniciativa, depositada en la Cámara Baja por 14 diputadas del PRM, perimió la noche del pasado 12 de enero. La legislación fue introducida el 18 de diciembre de 2024, pero no fue enviada a comisión hasta el 12 de marzo de 2025, sin lograr ningún avance. La normativa modifica el artículo 53 de la Ley de Partidos, para que diga: “En la presentación de candidaturas a cargos de elección popular, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán garantizar una representación del 50% para hombres y 50% para mujeres en cada nivel electoral, asegurando la equidad y el respeto a los principios democráticos”.
Propone, además, en la modificación al artículo 136, que en las candidaturas a nivel congresual, municipal y distrital, se garantizará la paridad de género, estableciendo una representación del 50% para hombres y 50% para mujeres en cada demarcación electoral.
Proyectos en el Senado y CD para eliminar las encuestas
Otras propuestas legislativas de cambios a la Ley 33-18 que se hicieron populares en el país fueron los proyectos de ley que buscan eliminar las encuestas como método de elección de los candidatos políticos, depositados tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por distintos congresistas.
Las piezas fueron presentadas luego que varios legisladores cuestionaron los resultados de las encuestas internas de los partidos en 2023, al salir “derrotados” por otros compañeros en sus aspiraciones a candidatos.
Una de esas iniciativas la sometió en la Cámara Alta el entonces senador Lenin Valdez (PRM-Monte Plata), quien planteó -como los demás legisladores- el modificar el párrafo 1 del artículo 45, de la referida ley, para que las primarias, convenciones de delegados, de militantes y de dirigentes sean el método de elección usado por los partidos para escoger a sus candidatos. El proyecto de ley fue introducido en el Senado y enviado a comisión el 14 de noviembre de 2023, pero perimió el 26 de julio de 2024.
Destino similar ha tenido la pieza presentada por el senador Cristóbal Venerado Castillo (PRM-Hato Mayor).
Además de los senadores, introdujo un proyecto semejante, que también caducó, el entonces diputado Hamlet Melo, de Fuerza del Pueblo (FP); fue depositado el 12 de junio de 2024, enviado a comisión el 25 de junio, pero caducó el 12 de enero de 2025.
También la diputada Dharuelly Leany D´Aza, del PRM, quien, además del cambio señalado, adiciona el Párrafo IV al artículo 45 de la referida ley. Propone que los partidos políticos deberán implementar procesos de selección de candidatos que garanticen la igualdad de los participantes “y sean transparentes, justos y basados en criterios y requisitos objetivos”.
En tránsito
En la actualidad, la Cámara Baja está apoderada de un proyecto de reforma a la Ley 33-18, propuesto por los diputados Elías Wessin y Margarita Tejada.
Estándares más rigurosos de transparencia
El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, explicó el pasado miércoles que el proyecto de ley para la integridad, el control del financiamiento y la prevención de la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política, busca establecer estándares más rigurosos de transparencia, debida diligencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones políticas.
Durante su intervención ante los legisladores del partido y la prensa, Paliza señaló que la política debe responder con firmeza frente a los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia.
“Hemos visto cómo personas vinculadas a la actividad política, a nuestro partido y a otros, han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una realidad incómoda. Pero la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”, expresó.
La iniciativa de ley introduce mecanismos orientados a fortalecer los controles internos de los partidos, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento normativo (compliance partidario) para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras dirigenciales y en los procesos de selección de candidaturas.
José Ignacio Paliza
La política debe ser un espacio de servicio público, no una puerta de entrada para intereses ilícitos.”
