Reconoce el esfuerzos de las autoridades por mejoras el sistema penitenciario
En el sistema penitenciario del país existen 813 personas privadas de libertad con afecciones de salud graves o enfermedades terminales según informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Señala que estos datos muestran un esfuerzo de adaptación institucional frente a una población de internos especialmente vulnerable en los 41 centros penitenciarios de República Dominicana que albergan más de 26,207 privados de libertad.
El último movimiento destinado a mejorar las condiciones de los internos se produjo en noviembre del año 2025 cuando se produjo el traslado de los primeros 300 primeros privados de libertad desde la cárcel de La Victoria, hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en Santo Domingo Este.
En el informe de la PNUD se señala que es importante destacar el rol de la Oficina Nacional de Defensa Pública, porque constituye un mecanismo esencial para reducir desigualdades en el acceso a la justicia, especialmente para personas en situación de pobreza privadas de libertad o con baja capacidad de contratar representación privada.
El informe dado a conocer por la coordinadora residente de las Naciones Unidas en el país, Julia Sánchez, dice que existen evidencias disponibles que reflejan avances importantes en el fortaleciendo la Defensa Pública en el país.
Agrega que en los últimos años ha ampliado su cobertura territorial, fortaleciendo la capacitación de sus defensores e incorporado nuevos profesionales mediante concursos públicos, consolidándose como un actor fundamental para garantizar el derecho a la defensa técnica y el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Sigue diciendo el PNUD que resulta conveniente fortalecer la coordinación entre la Defensa Pública, el Ministerio Público, la Policía Nacional y los demás actores del sistema de justicia, promoviendo respuestas multidisciplinarias que contribuyan no solo a garantizar una defensa técnica efectiva, sino también a reducir la reincidencia, abordar las causas de la criminalidad y fortalecer una política criminal más integral y orientada a la prevención.
En otro orden, también se muestran avances en la adaptación del sistema judicial para poblaciones en situación de vulnerabilidad: protocolos especializados, centros de entrevistas forenses, medidas de accesibilidad física, intérpretes en lengua de señas, formación en trato digno, atención a personas privadas de libertad con condiciones graves de salud y reconocimiento institucional de políticas de inclusión.
Sin embargo, estos avances deben interpretarse como parte de una trayectoria en construcción. Aún existen desafíos asociados a cobertura, suficiencia de apoyos especializados, disponibilidad territorial, articulación interinstitucional, calidad de la atención, datos desagregados y capacidad de respuesta frente a necesidades complejas, agrega el informe.
