El tribunal se reservó para el 14 su decisión sobre el pedimento de extinción hecho hasta ahora por cinco acusados
El expediente del caso Calamar se encamina por el mismo derrotero procesal que el de Jean Alain Rodríguez y compartes.
Ayer, cinco de los 34 imputados solicitaron al tribunal a las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción de la acción penal y de manera complementaria, el levantamiento inmediato de las medidas de coerción, la cautelares sobre sus bienes, y el desbloqueo de sus cuentas bancarias.
El resto de los encartados, incluido el exministro de Hacienda Donald Guerrero y principal imputado en el supuesto entramado que habría estafado al Estado con más de RD$19,000 millones, se reservó el derecho de hacer la misma petición.
Las defensas de Claudio Silver Peña, Mario Rodríguez Cabrera, Ángel Lockward, Santiago Roberto Moquete, Juan Tomás Polanco y Agustín Mejía Ávila, sustentaron su petición en la presunta vulneración del plazo razonable.
Algunas coincidieron en el argumento de que las sentencias del Tribunal Constitucional números TC/0765/24 y TC/0766/24 anular la Ley 10-15 y otorgaron al Congreso un plazo de año para hacer un nuevo Código Procesal Penal (CPP), y al vencer el plazo (29 de noviembre del 2025) sin la aprobación de la nueva norma hubo un “vacío legal”, que, a su juicio, hizo revivir automáticamente el CPP original (Ley 76-02) cuyo límite máximo para la duración de un proceso oscila entre los 3 y 4 años.
Bajo el amparo de los artículos 7 y 110 de la Constitución y la Ley 137-11, las defensas exigieron al tribunal la aplicación de la Ley 76-02, por ser la norma más beneficiosa, rechazando la posterior Ley 97-25 aprobada después.
Sostuvieron que si el cómputo de los cuatro años inicia desde las primeras medidas precautorias o de restricción de derechos (como las alertas migratorias en 2020 o bloqueo de sus cuentas en el 2022), el tiempo del Estado para juzgarlos ya expiró.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, deploró que las defensas continúen procurando la extinción penal.
