Las irregularidades en comercios chinos afectan al sector de vehículos
El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, dijo que este 25 de septiembre el gremio se reunirá en una Asamblea General para definir el curso del paro de 48 horas que había planteado en rechazo a lo que sus miembros califican como competencia desleal por parte de los negocios chinos en la República Dominicana.
“Nosotros no somos contrarios ni a los chinos ni a los productos chinos, porque una gran cantidad de comerciantes importa desde esa nación y cualquier empresario de otro país puede instalar su negocio en la República Dominicana, pero con las reglas que rige nuestro territorio”, dijo García.
Manifestó que la FDC está compuesta con 449 asociaciones de comerciantes en Quisqueya. Dijo que el sector ferretero, uno de los más afectados por el comercio chino, se compone de más de 5,554 ferreterías afiliadas en todo el país. Otros son los supermercados, farmacias y demás comercios.
“En total tenemos 63,580 afiliados en la FDC, que son importadores de todo tipo de mercancías y una gran proporción que importa es desde China“, agregó.
Afirmó que hasta ahora quien está siendo intermediario entre el Gobierno y los comerciantes dominicanos es el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón.
Dijo que tomando en cuenta lo que ha dicho el presidente Luis Abinader en torno al tema, esta semana y la próxima será crucial para buscarle solución a esta problemática.
Recordó que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mivhed) cerró alrededor de 15 establecimientos en agosto del 2025 por la presión ejercida por la Federación de Comerciantes, al declarar que iba a ver un cierre general, pero destacó que las autoridades se han enfriado ante la competencia desleal de los chinos en el país.
Manifestó que algunas alcaldías están autorizando la construcción de centros comerciales chinos ilegales en varios puntos estratégicos de la nación dominicana, por lo cual llamó a parar esa iniciativa en el país.
Abinader había revelado que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) posee más de 40 auditorías a empresas de capital chino, con las que busca determinar la situación de esos negocios frente a las denuncias realizadas.
“La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene registrados más de 2,000 comercios chinos. Nosotros necesitamos que se vean las acciones de los chinos, porque estimamos que ellos comercializan alrededor de 1,000 millones de pesos diarios en efectivo en todo el país, que equivale a una evasión fiscal de más 70,000 millones de pesos correspondientes al ITBIS. La DGII es un actor principal en este caso. Necesitamos una acción conjunta para que todo el que esté ilegal cierre sus puertas y que cada quien esté en igualdad de condiciones pagando sus impuestos y que sus empleados estén registrados en la TSS“, dijo.
¿Qué exige y qué espera la FDC?
Dentro de las medidas que exige la Federación Dominicana de Comerciantes sobre el comercio chino en el país, ante las autoridades son:
- Que las mercancías que los comerciantes dominicanos declaran a 50 dólares en el sector aduanero los chinos las declaren a ese precio y no a cinco dólares.
- Que cuando un consumidor vaya a una tienda china pague con tarjeta bancaria y no solamente en efectivo.
- Que si un consumidor demanda una factura con comprobante fiscal que se le sea emitida en estos comercios chinos.
- Que se cumpla el 80 /20, donde el 80 % del personal que trabaja sean dominicanos y el 20 % extranjeros documentados, no ilegales.
La FDC espera que las autoridades inicien las acciones de lugar en conjunto con las alcaldías, los distritos municipales, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), DGII, la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Migración, Ministerio de Trabajo y Superintendencia de Bancos (SB).
Impacto en el sector vehicular
La competencia desleal del comercio chino también afecta al sector vehicular del país. La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos, (Acofave) puntualiza que el comercio ilícito, la informalidad y la falta de fiscalización adecuada no son prácticas exclusivas de un origen o un sector determinado.
Explica que, si bien la atención pública se ha concentrado en irregularidades en comercios y tiendas de mercancías de origen chino, esta problemática también está presente, de forma significativa, en la comercialización de vehículos en el país, sin distinción del origen de las unidades importadas.
Resalta que el 90 % de los vehículos usados importados desde subastas de Estados Unidos registran una subvaluación de 45 %, mientras que el 96 % presenta algún tipo de daño previo no comunicado al consumidor y de eficientizarse el cobro de los aranceles e impuestos ya establecidos, el Estado podría percibir cerca de 13,200 millones de pesos anual, según un informe de Oportunidades Recaudatorias del Sector Vehículos, del economista Roberto Despradel.
“No solo los productos de origen chino afectan a los comercializadores formales. El comercio ilícito, la subvaluación y la falta de fiscalización adecuada están presentes en múltiples sectores de la economía, incluyendo la importación de vehículos”, afirmó Yris Nelsi González, directora ejecutiva de Acofave.
Acofave propone incorporar la importación de vehículos de manera explícita dentro del alcance de las acciones anunciadas contra el comercio ilícito y la competencia desleal, para que los concesionarios formales de vehículos cuenten con el respaldo de controles fiscales y aduaneros efectivos frente a la subvaluación y la informalidad.
Este organismo valoró como positivo el anuncio de las autoridades de reforzar los controles y las fiscalizaciones contra el comercio ilícito en el país, en el marco de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito y Competencia Desleal.
Según el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entre enero y septiembre de 2026 las autoridades han decomisado mercancías irregulares valoradas en más de 1,030 millones de pesos, un esfuerzo que Acofave reconoce y respalda por su aporte a la recaudación fiscal, la salud de los consumidores y la competencia leal en el país.
