El presidente reitera su compromiso con la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción
“Me he sentido traicionado”. La frase, pronunciada por el presidente Luis Abinader, irrumpe con una fuerza que trasciende lo declarativo y se instala en el centro de una crisis que ya no puede leerse únicamente en clave institucional. No es solo una afirmación política; es una admisión que reconfigura la narrativa del poder frente a la corrupción, desplazándola del terreno abstracto de las promesas hacia una dimensión más íntima, donde la confianza —ese recurso invisible que sostiene toda estructura de gobierno— aparece fracturada desde dentro.
En un país donde la corrupción ha operado históricamente como una constante estructural más que como una excepción, el reconocimiento de traición desde la cúspide del Estado introduce un matiz inusual: el de un liderazgo que no solo enfrenta el fenómeno, sino que reconoce haber sido alcanzado por él. La declaración no ocurre en el vacío. Llega en un momento en que múltiples casos han comenzado a delinear un mapa inquietante de irregularidades, obligando a la administración a moverse entre la defensa de su proyecto político y la necesidad de sostener una narrativa de transparencia.
El trasfondo de estas palabras se encuentra inevitablemente vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), cuyo alcance ha colocado bajo escrutinio uno de los pilares más sensibles del aparato estatal. Lo que en un inicio se presentó como un proceso administrativo derivó en la exposición de presuntas prácticas que tensionan la credibilidad institucional. En ese contexto, la decisión del gobierno de impulsar las investigaciones y asumir un rol activo en los procesos judiciales marca un punto de inflexión respecto a prácticas del pasado, donde la ambigüedad y la dilación solían imponerse.
No obstante, la firmeza del discurso oficial convive con una interrogante persistente: hasta qué punto es posible sostener un relato de control absoluto cuando los focos de irregularidad emergen desde el interior mismo de la administración. La reiteración de que no existen “intocables” adquiere así un carácter doble: es, al mismo tiempo, una declaración de principios y una respuesta a una realidad que desafía los límites del poder político para prevenir sus propias desviaciones.
Más allá de los expedientes y las investigaciones en curso, lo que subyace es una disputa por la credibilidad. La corrupción, en este escenario, deja de ser un fenómeno meramente judicial para convertirse en un factor que erosiona la relación entre el Estado y la ciudadanía. Cada revelación, cada proceso y cada pronunciamiento reconfiguran un terreno donde la confianza pública se construye y se pierde con igual rapidez.
En ese sentido, la intervención presidencial no puede leerse únicamente como una reacción coyuntural, sino como parte de una narrativa más amplia sobre los esfuerzos por redefinir la relación entre poder y transparencia en República Dominicana. Entre la confesión de la traición y la promesa de justicia, el gobierno transita una línea estrecha en la que el verdadero desafío no radica en denunciar la corrupción, sino en demostrar, con hechos sostenidos en el tiempo, que esta vez el desenlace no será el mismo.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa El Show del Mediodía, donde el mandatario abordó de manera directa los recientes casos de corrupción revelados en su administración.
