Santo Domingo, R.D. – En un país donde la salud se sostiene sobre aportes obligatorios y promesas constitucionales, el Frente Amplio alzó su voz contra la Sentencia TC/1774/25 del Tribunal Constitucional, al considerar que la misma abre una grieta peligrosa en el principio de transparencia y vulnera el derecho fundamental de acceso a la información pública.
La organización política calificó la decisión como inconstitucional, al excluir a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas de la aplicación de la Ley General núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, una norma concebida precisamente para impedir que los asuntos de interés colectivo se oculten tras muros administrativos.
A juicio del Frente Amplio, la sentencia debilita de manera significativa un derecho consagrado en la Constitución y favorece la opacidad en un sector que administra un servicio público esencial, financiado no por la voluntad del mercado, sino por cotizaciones obligatorias establecidas por ley, que sostienen el sistema de seguridad social dominicano.
“El Tribunal Constitucional adopta una interpretación formalista y restrictiva”, sostuvo la organización, “al reducir el concepto de fondos públicos únicamente a los recursos consignados en el Presupuesto General del Estado, ignorando que las ARS gestionan fondos de la seguridad social de carácter obligatorio, destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud de millones de dominicanos y dominicanas”.
El Frente Amplio subrayó que, aunque las ARS tengan naturaleza jurídica privada, no operan como empresas ordinarias. Ejercen funciones de interés general, requieren autorización estatal previa y están sometidas a una regulación intensa, lo que —a su entender— las coloca inevitablemente bajo el escrutinio ciudadano.
En ese sentido, cuestionó que el Tribunal pretenda sustituir el derecho directo de la ciudadanía a la información por un control indirecto ejercido a través de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). Para el partido, la supervisión administrativa no reemplaza el mandato constitucional de transparencia ni garantiza un control social efectivo sobre entidades que manejan recursos de alto impacto público.
El Frente Amplio también señaló como contradictoria la postura del propio Tribunal Constitucional, que reconoce que el SeNaSa está sujeto a la Ley 200-04 por administrar fondos públicos, mientras excluye a las ARS privadas que gestionan recursos del mismo sistema de seguridad social, creando —advirtió— una asimetría peligrosa de transparencia dentro del sistema de salud.
Al cerrar su pronunciamiento, el partido de la bandera verde y amarilla hizo un llamado a los sectores sociales, académicos y políticos a impulsar una reforma legal y constitucional que garantice la transparencia plena en el sistema de seguridad social.
Advirtió que decisiones de esta naturaleza no solo erosionan la confianza pública, sino que debilitan el control democrático, favorecen la impunidad administrativa y colocan en riesgo la legitimidad de los servicios esenciales sobre los que descansa la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
