Partido morado ratificó su compromiso con la libertad de expresión y llama a la población a mantenerse vigilante ante la aprobación de iniciativas y acusa PGR de seguir filtraciones
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó ayer su preocupación por lo que considera serias amenazas a la libertad de expresión y la denuncia ciudadana, al advertir sobre “malsanas intensiones” del Gobierno al impulsar iniciativas con el propósito de silenciar la libre expresión de pensamiento.
Durante una rueda de prensa encabezada por el vicepresidente de la organización política, Yván Lorenzo refirió al nuevo Código Penal, la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales como parte de las iniciativas que amenazan con afectar el derecho a difundir ideas y opiniones tanto para miembros de la prensa como para la ciudadanía en general.
En cuanto al nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo tres de agosto, Lorenzo afirmó que las disposiciones relacionadas con la difamación, la injuria y el denominado “ultraje a funcionarios”, resulta incompatible con las garantías consagradas en el artículo 49 de la Constitución dominicana.
Asimismo, indicó que podrían además entrar en conflicto con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional (TC), que en más de una ocasión ha rechazado la imposición de penas de prisión por delitos vinculados a la expresión de ideas y opiniones.
Lorenzo expresó especial preocupación por los artículos que introducen la figura de ultraje a los funcionarios, al considerar que la amplitud de su redacción y las sanciones contempladas podrían ser utilizadas para limitar críticas, denuncias y cuestionamientos dirigidos a esos servidores públicos.
Aunque reconoció que la protección del honor y la dignidad de quienes ejercen cargos públicos es legítima, sostuvo que debe equilibrarse con el derecho de los ciudadanos a investigar, denunciar y fiscalizar el ejercicio del poder.
El dirigente peledeísta destacó que la censura y consecuencias de la difusión del pensamiento no solo amenaza a la prensa, influencers o quienes realizan labores de comunicación en plataformas virtuales, sino que aplica para toda la ciudadanía dominicana que desee realizar una denuncia con fines de investigación.
“La defensa de la libertad de expresión no es una causa exclusiva de periodistas, comunicadores o partidos políticos. Es una garantía fundamental de todos los ciudadanos”, aseveró.
Respecto a la Ley que crea el DNI, también cuestionó algunos aspectos tras considerar que conceptos como “intereses nacionales” y “objetivos nacionales” se encuentra definidos de manera amplia, lo que, a su juicio, podría generar márgenes excesivos de discrecionalidad administrativa, sin suficientes mecanismos de control y rendición de cuentas.
