Por Rafael Menoscal Reynoso
Las recientes condenas por actos de corrupción contra funcionarios del pasado gobierno constituyen un paso positivo, aunque insuficiente, en la lucha contra uno de los mayores males que afectan a República Dominicana. La persecución de la corrupción continúa siendo un reto, tratada con cautela y limitada por intereses políticos que dificultan una acción firme.
Mientras prevalezcan las complicidades, componendas y acuerdos de aposento, los avances institucionales serán frágiles y pasajeros. Cuando parece que el país fortalece sus mecanismos de control y transparencia, reaparecen prácticas que nos hacen retroceder.
La politiquería termina absorbiéndolo todo, debilitando la confianza ciudadana y favoreciendo la impunidad. Todo indica que los grandes casos reciben protección, mientras las sanciones recaen sobre actores de menor influencia. La corrupción sigue siendo una de las principales barreras para el desarrollo nacional y exige una respuesta sin privilegios ni excepciones.
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