La iniciativa busca integrar al Estado, gobiernos locales, sector privado y organismos internacionales para facilitar la transformación digital y la formalización empresarial
Santo Domingo.– El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (CONACERD) anunció la puesta en marcha de un Programa Nacional de Facturación Electrónica dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con el respaldo de los principales aliados estratégicos del sector, entre ellos los gobiernos locales, instituciones sectoriales, el sector privado y organismos internacionales.
La entidad, sin fines de lucro y con presencia en las 32 provincias del país, explicó que esta iniciativa surge ante la necesidad de fortalecer la formalización empresarial y contribuir al incremento de las recaudaciones fiscales, afectadas por los altos niveles de informalidad que aún predominan en el tejido productivo nacional.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de las MIPYMES 2022-2023, realizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Banco Central, las microempresas representan el 94.2 % del sector empresarial, las pequeñas empresas el 4.3 % y las medianas y grandes apenas el 1.5 %.
CONACERD recordó que, mediante la Resolución Núm. 06-2026, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) otorgó una prórroga voluntaria de seis meses para que las micro y pequeñas empresas se incorporen al sistema de facturación electrónica obligatoria, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 15 de noviembre de 2026, conforme a lo establecido en la Ley 32-23 sobre Facturación Electrónica.
La organización señaló que el principal desafío no radica únicamente en el cumplimiento de la ley, sino en las limitaciones estructurales que enfrentan miles de micro y pequeñas empresas, entre ellas el acceso limitado al financiamiento, la escasa capacitación tecnológica, bajos niveles de liquidez y la falta de equipos e infraestructura digital.
“La obligatoriedad de la facturación electrónica debe convertirse en una oportunidad para modernizar el sector empresarial, no en una carga para quienes aún carecen de las herramientas necesarias”, expresó la institución.
CONACERD destacó que la Ley 32-23 persigue importantes objetivos, entre ellos la modernización del sistema tributario, la reducción de la evasión fiscal, el fortalecimiento de la transparencia en las operaciones comerciales, el aumento del cumplimiento tributario, la digitalización de las empresas y una mayor eficiencia administrativa tanto para el sector privado como para el Estado.
En ese sentido, la entidad considera indispensable la creación de una estrategia nacional conjunta entre el Gobierno y el sector privado que permita incentivar la incorporación voluntaria de las MIPYMES al nuevo sistema, facilitando el acceso a los recursos tecnológicos y la capacitación necesaria.
Asimismo, propuso que los aliados estratégicos de las MIPYMES —gobiernos locales, instituciones sectoriales, entidades financieras públicas y privadas, así como organismos internacionales— contribuyan mediante programas de responsabilidad social empresarial e incentivos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR), destinados a dotar a las empresas de los equipos y herramientas requeridos para operar bajo el esquema de facturación electrónica.
Entre las principales necesidades identificadas por CONACERD figuran computadoras de escritorio o portátiles, acceso estable a internet, impresoras, teléfonos inteligentes o tabletas, correos electrónicos corporativos, software autorizado de facturación, certificados digitales y sistemas de respaldo de información.
La institución afirmó que cuenta con una plataforma tecnológica y una estructura organizativa capaz de desarrollar este programa de manera gradual en todo el territorio nacional. Su red está integrada por 14,365 socios, distribuidos en ocho regiones que abarcan las 32 provincias del país.
Finalmente, CONACERD hizo un llamado a la DGII para aprovechar el período de prórroga y desarrollar una agenda de trabajo conjunta que permita llegar al 15 de noviembre con un plan de implementación claro, coordinado y eficiente.
“La formalización empresarial y la facturación electrónica representan una oportunidad de beneficio compartido. Gana el Estado al fortalecer sus ingresos, gana el sector privado al operar en un entorno más transparente y competitivo, y ganan las micro y pequeñas empresas al incorporarse plenamente a la economía formal y acceder a mayores oportunidades de crecimiento”, concluyó la organización.
