Por Isidoro Santana
Resulta difícil entender cómo y cuándo fue que la República Dominicana pasó, de la conveniencia de un pacto fiscal para que la gente viva mejor, para que tenga más agua potable, calles, cañadas y ríos libres de basura, eficiente servicio de salud pública y que todo el mundo se sienta seguro en hogares, negocios y barrios, a otra situación en que solo se habla de reformas tributarias para tranquilizar el mercado internacional de capitales, para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, para que los inversionistas se sientan cómodos comprando los bonos dominicanos sin subirnos las tasas de interés. Pero ese proceso vivido, las decisiones que en el ínterin se tomaron y las que se dejaron de tomar, son nuestra responsabilidad.
Hace poco, cuando a causa de la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán los precios internacionales del petróleo y el gas comenzaron a subir, prácticamente todo el mundo aplaudió que el gobierno decidiera asumir los costos mediante subsidios; todo ello sin que nadie se preguntara que de dónde saldría el dinero para cubrirlos. Sencillamente “a Dios que reparta suerte”, como solemos hacer siempre.
Y ahora cuando, para suerte de nuestro país y de muchos, todas las proyecciones sobre impacto económico de la guerra que hayan hecho los expertos en energía, en guerras y en geopolítica parecen haber fallado (al menos a espera de la segunda onda inflacionaria por los costos de alimentos, materias primas y servicios), muchos comienzan a hablar de que debería reversarse la minireforma tributaria que hizo el gobierno. Nadie piensa entonces en cómo pagar el dinero que ya se gastó.
También me ha sorprendido que casi todos los artículos o comentarios públicos que han aparecido sobre la misma transmiten la sensación de rechazo generalizado a la iniciativa, a pesar de que el Ministerio de Economía y Hacienda se cuidó sobremanera de que ningún impuesto afectara a los sectores de bajos ingresos, ni a los costos, ni a los grandes intereses de los capitalistas.
Y más cuando diversos artículos que me han llegado fueron escritos por verdaderos especialistas en la materia, conocedores de que muchas de las figuras aprobadas son habituales en la mayoría de los sistemas tributarios del mundo.
No me animé a comentar las propuestas contenidas en la minireforma aprobada por considerarlo de poca trascendencia; prefería guardar cualquier comentario para cuando llegue el momento de hacer una reforma de verdad, bien sea por una decisión política consciente, o por una crisis de verdad.
Pero ojo: que pocos creen que la guerra ha terminado, que Trump se acostumbrará a la idea de la derrota, que Israel renunciará a la idea de apropiarse de los territorios pertenecientes a los pueblos vecinos, que el Estrecho de Ormuz se mantendrá abierto y gratis, y que el petróleo y el gas permanecerán baratos.
Obviamente, no me sorprende que la gente se oponga a los impuestos. Eso es lo natural, pues todos los impuestos son malos; solo me sorprende la discusión entre economistas. La decisión sobre si aplicarlos o no, por parte de los gobiernos, y de si apoyarlos o no por parte de personas, no obedece a que les guste o no, sino al entendimiento de si son necesarios y que la alternativa puede ser peor. O bien a su sensibilidad social.
Siempre hago referencia al ejemplo de Dinamarca, cuando, hace un par de décadas, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás a su intención de bajar los impuestos por las protestas de la población, que veía peligrar su Estado de Bienestar. O a un evento que todos recordarán, porque ocurrió hace apenas unos años: Liss Truss, pasó a la historia como la más efímera primera ministra del Reino Unido, al tener que renunciar semanas después de tomar posesión debido a que su plan de reducir impuestos desencadenó protestas, porque tanto los ciudadanos como los mercados entendieron que agudizaban problemas en vez de resolverlos, debido a la creciente deuda y al deterioro progresivo de las pensiones, la infraestructura y los servicios públicos.
Naturalmente, tales circunstancias pueden darse en otras sociedades, no en países tan acostumbradas a ver como normal la “cultura del privilegio”, que segmenta el acceso y la calidad de los servicios que reciben los distintos estratos de la sociedad, en que el Estado hace lo mínimo para que los ricos se sientan seguros y los pobres tranquilos, y que después todos resuelvan sus problemas como puedan, que siempre es mucho para unos y poco para otros. Total, ¡para el respeto que le tenemos al Estado y lo que confiamos en él!
