El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijará la audiencia preliminar en la que el Ministerio Público solicitará la apertura a juicio contra los imputados por presunta corrupción
Santo Domingo. La jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, apoderó al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para conocer el juicio preliminar del caso Operación Lobo, en el que el Ministerio Público acusa a militares y civiles de integrar una red de corrupción que habría recibido más de RD$108 millones en sobornos.
La designación del magistrado fue realizada mediante sorteo aleatorio computarizado, conforme al procedimiento establecido para la asignación de expedientes.
Con el proceso ya bajo la competencia del juez Timoteo Peguero, corresponde ahora fijar la fecha de la audiencia preliminar, en la que el Ministerio Público solicitará un auto de apertura a juicio contra los 14 imputados.
De acuerdo con la acusación formal presentada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, los acusados, entre ellos militares y civiles que desempeñaban funciones en distintas instituciones públicas, habrían recibido pagos ilícitos de empresas de seguridad privada a cambio de favorecer la adjudicación y permanencia de contratos de vigilancia.
Según el expediente, la red operaba en instituciones como el Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase), EdeSur, EdeEste, EdeNorte y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), entre otras entidades estatales.
La investigación sostiene que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, realizó pagos de sobornos a funcionarios públicos mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de garantizar la continuidad de los contratos de seguridad privada y obtener beneficios económicos en perjuicio del Estado.
El Ministerio Público afirma que estas maniobras permitieron a la presunta estructura criminal desviar de manera sistemática recursos públicos destinados a las instituciones afectadas.
