La entidad financiera invocó la Ley 86-11 y un precedente del Tribunal Constitucional que impide inmovilizar fondos públicos mientras el proceso judicial no haya concluido
Santo Domingo.– El Banco de Reservas rechazó la solicitud de embargo retentivo presentada contra las cuentas de la Junta Central Electoral (JCE), al considerar que la medida no cumple con los requisitos establecidos en la legislación dominicana para afectar fondos públicos.
La entidad bancaria fundamentó su decisión en la Ley 86-11 y en la sentencia TC/0048/15 del Tribunal Constitucional, que establece que las entidades de intermediación financiera no pueden inmovilizar recursos pertenecientes al Estado cuando el proceso judicial aún no cuenta con una sentencia definitiva e irrevocable.
Con esta decisión, las cuentas de la Junta Central Electoral continúan operando con normalidad, mientras el conflicto judicial con la empresa Latin Events, LLC, sigue su curso en los tribunales.
La controversia se originó luego de que la empresa obtuviera un auto de homologación de una sentencia extranjera emitido por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Sin embargo, esa decisión aún no ha adquirido carácter definitivo, razón por la cual el Banco de Reservas rechazó ejecutar el embargo solicitado.
Como parte de ese proceso, la Junta Central Electoral había interpuesto el pasado 16 de julio un recurso de apelación ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante el cual procura que sea revocada la decisión que dio origen al litigio.
En su defensa, la JCE sostiene que no existe evidencia de que el Pleno del organismo o su presidente aprobaran o autorizaran la contratación de los servicios que reclama Latin Events. La institución considera que ese aspecto será determinante durante el conocimiento del recurso, al tratarse de una supuesta obligación que, según afirma, nunca fue válidamente asumida.
El órgano electoral reiteró que las contrataciones realizadas por las instituciones públicas deben cumplir con los procedimientos legales establecidos y contar con las autorizaciones correspondientes, por lo que asegura que presentará ante los tribunales los elementos necesarios para sustentar su posición.
La Junta Central Electoral reafirmó, además, su compromiso con la transparencia y con la defensa del patrimonio público, al tiempo que aseguró que continuará utilizando los mecanismos legales previstos para demostrar la improcedencia de la reclamación presentada por la empresa demandante.
Con el rechazo del embargo por parte del Banco de Reservas, el proceso judicial continuará ahora en la Corte de Apelación, instancia que deberá decidir sobre el recurso presentado por la JCE y definir el curso de la controversia entre ambas partes.
