Por Nelson Encarnación
Aunque no existen estadísticas comparativas confiables o verificables, los datos que se manejan apuntan a que la República Dominicana es uno de los países donde más se juega, lo cual se traduce en un gravísimo perjuicio para millones de personas que se han hecho dependientes voluntarias del vicio de apostar.
Debemos empezar por resaltar que dudamos mucho que exista en nuestra región otro país donde se permita la cantidad de loterías regentadas por empresas particulares, al punto que actualmente operan por lo menos siete que realizan unos 20 sorteos diarios.
En muchos países del área funcionan diversas loterías, pero la mayoría dependen de instancias estatales, sean gobiernos nacional, federal o provincial, donde aplique cada caso, pero nunca como negocios particulares.
Muchas de estas loterías son manejadas como cajas de recaudación de recursos para atender necesidades de beneficencia social, como fue el objeto que animó al padre Francisco Xavier Billini al fundar la Lotería Nacional hace casi 150 años.
Lo que acontece en nuestro país es catastrófico para la estabilidad económica de millones de ciudadanos, pues hablamos que en unos 20 sorteos cotidianos se apuestan—en cifras conservadoras por carecerse de registro—alrededor de cuatrocientos millones de pesos, es decir, unos RD$146,000 millones al año.
Conforme datos oficiosos, en la geografía nacional existen aproximadamente 250,000 bancas de loterías, de las cuales apenas estarían registradas unas 40,000 (16%), lo que significa que, por cada diez bancas en funcionamiento, menos de dos cuentan con autorización oficial.
Nos referimos solo a esta avalancha de sorteos diarios, sin mencionar la cantidad incontable de máquinas tragamonedas que operan al margen de la ley en colmados, billares y otros lugares.
Tampoco citamos los casinos autorizados en hoteles y otros lugares, ni las bancas deportivas, donde por igual se juegan grandes partidas de dinero a diversos deportes.
Todos estos juegos provocan que los asiduos, en su gran mayoría personas humildes, dejen de comer para apostarle a una suerte cada vez más esquiva y huidiza.
¿Qué hacer frente a este panorama que plantea un grave problema social?
Suponemos que esta situación alcanzó los niveles a que ha llegado desde el momento en que el Estado desertó de su obligación de regular una actividad que, si bien pudiera encajar en la libertad de comercio, necesita operar en un marco de estricto control.
