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Prohíben en Brasil producción y venta de foie gras

Brasilia.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó una ley que prohíbe en Brasil la producción y comercialización de foie gras, al considerar su elaboración incompatible con el bienestar animal, divulgaron hoy reportes de prensa.

La nueva legislación, aprobada previamente por el Congreso Nacional, veta la fabricación y venta de alimentos obtenidos mediante la alimentación forzada, una práctica utilizada para producir el foie gras, a partir del hígado hipertrofiado de patos y gansos.

De esta manera, Brasil se convierte en el primer país de América Latina en establecer una prohibición de alcance nacional sobre ese producto, medida impulsada durante años por organizaciones defensoras de los derechos de los animales que denunciaron el sufrimiento ocasionado por el denominado gavage.

En la tramitación del proyecto, varias entidades sostuvieron que la alimentación forzada provoca lesiones en el esófago, estrés, dificultades de movilidad y alteraciones fisiológicas severas en los animales, argumentos que fueron recogidos por los legisladores al respaldar la iniciativa.

Tal ley impide la elaboración nacional y la comercialización del producto, lo que pondrá fin a las importaciones de foie gras destinadas al mercado brasileño, abastecido principalmente por proveedores franceses debido a la reducida fabricación interna, expuso agencia Brasil.
La decisión generó reacciones en Francia, donde el foie gras es considerado parte del patrimonio gastronómico y cultural.

Representantes del sector productor defendieron que la actividad cumple normas europeas de bienestar animal y cuestionaron la prohibición brasileña, al estimar que podría afectar el comercio bilateral del producto.

En Brasil, quedó abierto el debate sobre los métodos de producción de alimentos de origen animal y la necesidad de conciliar las tradiciones gastronómicas con estándares éticos cada vez más exigentes por parte de consumidores y legisladores.

Para especialistas, la medida, que entrará en vigor dentro de 180 días, podría influir en futuras discusiones sobre prácticas de producción animal y servir de referencia para otros países de la región que analizan fortalecer sus normas de protección.

Fuente: Prensa Latina

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