El Congreso Nacional concluyó ayer su legislatura ordinaria con una intensa jornada en la que ambas cámaras aprobaron ocho iniciativas de ley, de los cuales corresponden a la Cámara de Diputados, así como resoluciones de gran relevancia para la vida institucional del país.
La Cámara de Diputados declaró de urgencia y convirtió en ley la modificación de la Ley 99-25 de Presupuesto General del Estado 2026, que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar ajustes en ingresos y erogaciones para garantizar la sostenibilidad fiscal.
Según explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, Francisco Paulino, la medida responde a un incremento de RD$40,978 millones en los ingresos, destinados principalmente a subsidios sociales para enfrentar el impacto del alza internacional de los combustibles.
Los diputados aprobaron en primera discusión el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad, propuesto por Alfredo Pacheco y Sadoky Duarte, el cual se remitió a la Comisión de Ciberseguridad. Además, la Cámara validó resoluciones de reconocimiento en las áreas de deporte y salud, finalizando un periodo legislativo centrado en aspectos económicos, tecnológicos y sociales.
De su lado, el Senado de la República concluyó su legislatura ordinaria con la aprobación de tres proyectos de ley enfocados en los sectores de cultura, producción y salud: la ley para la protección y adquisición del Patrimonio Cultural, la declaración de Azua como Capital del Tomate y la creación del Consejo Nacional de Desarrollo de Turismo de Salud (Condetusa).
Asimismo, la cámara alta refrendó diversas resoluciones de carácter social y cultural, solicitudes de obras comunitarias y ratificaciones diplomáticas.
Préstamos por US$465 millones
El Senado aprobó de urgencia y en única discusión dos contratos de préstamos internacionales por un monto combinado de US$465.5 millones (más de RD$27,000 millones), suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La iniciativa, introducida por el Poder Ejecutivo, recibió el respaldo mayoritario de la bancada oficialista en la Cámara Alta, previo a concluir formalmente la primera legislatura. Los recursos serán destinados a proyectos prioritarios de infraestructura y gestión de riesgos.
El primer convenio contempla US$200 millones para el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, orientado a reducir accidentes y fortalecer la capacidad institucional en materia de tránsito.
El segundo préstamo, por US$265.5 millones, se dirigirá a iniciativas de resiliencia y mitigación de riesgos en comunidades vulnerables, con el objetivo de mejorar la respuesta del Estado ante fenómenos naturales y emergencias.
Obras Públicas y el Intrant, mientras que los US$265.5 millones restantes financiarán el Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna a cargo del Indrhi, con el fin de mitigar inundaciones en la provincia Duarte y zonas aledañas.
La aprobación se produjo en medio de intensos debates en el hemiciclo, donde los bloques de los partidos de oposición manifestaron un rechazo unánime bajo el argumento de que las iniciativas incrementan de forma desmedida los niveles de endeudamiento público del país.
A pesar de las críticas de los legisladores opositores, quienes solicitaron sin éxito que los préstamos fueran remitidas a comisiones para un análisis más exhaustivo, el Senado decidió conocerlos de urgencia y aprobarlas en única discusión.
Aprueban 42 iniciativas en primera legislatura
La primera legislatura ordinaria dconcluyó con la aprobación de 42 iniciativas de ley, incluidas 15 leyes de impacto nacional y 27 resoluciones o convenios internacionales. Entre las piezas más relevantes figura el Nuevo Código Penal (Ley 74-25 y reformas) y la modificación al Presupuesto General del Estado 2026, que incrementa en RD$ 40,978 millones las asignaciones para obras públicas, transporte, acueductos y seguridad vial. Otra iniciativa aprobada fue la Ley 30-26 sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, orientada a simplificar el sistema fiscal y crear un entorno más favorable para la inversión en medio de choques externos. A estas se suma la normativa sobre gestión de residuos sólidos, entre otras. Reformas de gran impacto social y laboral quedaron pendientes, entre las que se destacan la reforma integral al Código Laboral, la modificación a la Ley de Seguridad Social, que buscaba ampliar beneficios y garantizar sostenibilidad financiera; y la reforma educativa, centrada en cambios curriculares y en la carrera docente. También quedaron en agenda la Ley de Vivienda Social y la reforma de Salud Pública, iniciativas que no lograron consenso en las discusiones de las comisiones técnicas.
