La procuradora de corte Mirna Ortiz consideró que resulta jurídicamente imposible que un tribunal falle a favor de la extinción de la acción penal en este caso
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, acusó al exprocurador general Jean Alain Rodríguez de intentar evadir el juicio de fondo en su contra mediante una reiterada solicitud de extinción de la acción penal, un pedimento que según explicó ya ha sido rechazado con anterioridad en este mismo proceso.
La procuradora de corte consideró que resulta “jurídicamente imposible” que un tribunal falle a favor de la extinción de la acción penal en este caso, y señaló que ocurrirá lo mismo que ha acontecido con procesos anteriores.
Ortiz recordó que el Tribunal Constitucional ha fijado los criterios sobre cómo debe computarse el tiempo de un proceso judicial, y que el plazo para la extinción no es un plazo matemático, sino uno que debe contemplar la magnitud y la complejidad del proceso, tal como lo establece la norma.
Consideró, además, que también deben tomarse en cuenta los criterios de plazo razonable contemplados en el artículo 146 del Código Procesal Penal, por lo que, a su juicio, jamás podrá dictarse una sentencia de extinción en este proceso y la defensa se verá conminada a enfrentar el juicio de fondo.
La misma cuestionó, asimismo, que durante la audiencia, la defensa del exprocurador intentó nuevamente dilatar el proceso al solicitar una ampliación del plazo de dos horas que el tribunal les había otorgado para presentar su incidente.
“Pasamos prácticamente tres horas para que el tribunal les estableciera, una vez más, que solo disponían de dos horas para la presentación de su incidente de extinción”, acotó Ortiz a la salida del tribunal.
La procuradora de corte representa al Ministerio Público junto al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y los fiscales Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.
De acuerdo con el expediente acusatorio, Rodríguez Sánchez habría malversado más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, período en que ocupó el cargo de procurador general de la República.
Junto a él figuran como procesados: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Todos enfrentan cargos por corrupción, entre ellos soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
