Hoy lunes entra formalmente en vigencia el reformado Código Penal dominicano tras concluir su período de vacatio legis, sustituyendo a la norma sancionadora vigente desde 1884.
El inicio de su aplicación genera posiciones divididas entre sectores religiosos, políticos y jurídicos sobre el régimen de penas, la constitucionalidad del cúmulo de condenas y la capacidad real del texto para reducir la delincuencia.
Respaldo del sector evangélico al no aborto
Desde el ámbito pentecostal, el pastor Ángel Oquendo, de la Iglesia Paraíso de Dios, valoró positivamente que el nuevo cuerpo legal mantenga la penalización del aborto y no incluya las tres causales de interrupción del embarazo.
“La iglesia es un apoyo moral. La Biblia está en contra del aborto y, aunque nos sometemos a las leyes terrenales puestas por Dios, la ley tiene que ser justa. La iglesia se opone a los códigos establecidos por los hombres cuando se hacen sin la sabiduría para interpretar lo que ya estableció Dios”, afirmó Oquendo.
Alerta política sobre sectores opuestos al código
En el ámbito político, el presidente de la Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, calificó de “absolutamente indispensable” la sustitución de la ley de 1884. Aunque reconoció que el texto actual presenta carencias reales, como la ausencia de las causales, advirtió que estos vacíos no deben usarse como pretexto para bloquear la reforma.
“Hay personas y grupos que han utilizado la discusión como pretexto para impedir que haya un nuevo código y evitar que se sancionen nuevos delitos”, sostuvo Puig.
Carlos Balcácer: El riesgo en la comunicación digital
El veterano litigante Carlos Balcácer se mostró escéptico frente a la norma, definió el incremento generalizado de penas como una venganza aflictiva que no responde a la idiosincrasia del pueblo dominicano.
Balcácer alertó sobre un eventual colapso en el área de la informática y la comunicación digital, debido a que las infracciones de esta índole deberán canalizarse obligatoriamente a través del Ministerio Público, lo que generará cuellos de botella procesales.
Miguel Valerio: el Medio Libre y la difamación extorsiva
Por su parte, el penalista y catedrático Miguel Valerio rechazó que la nueva normativa vaya a provocar un desbordamiento en la población carcelaria.
En materia punitiva, calificó de absurdo jurídico, la sumatoria matemática de condenas.
También expresó su respaldo decidido a la tipificación de la difamación extorsiva: “En el país existen grupos en la comunicación que lanzan noticias falsas para causar daños reputacionales”.
El CP es un avance, pero exige correcciones
En su balance general sobre la entrada en vigencia del nuevo texto, el jurista Félix Portes definió la reforma como un avance necesario, que dotará al país de una arquitectura penal moderna y unificada tras 142 años de dispersión legislativa.
Valoró además la incorporación explícita de la dogmática penal (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
No obstante, Portes enfatizó que un marco penal no erradica la delincuencia si no se abordan sus causas estructurales:
En cuanto al régimen sancionador, criticó la “inflación de penas” y advirtió que el cúmulo de condenas de hasta 60 años choca directamente con el artículo 40.16 de la Constitución.
“El fin de la pena es la reeducación y la reinserción social. Si a una persona se le impone una condena de 60 años, queda excluida definitivamente.
